Guatemala ajusta cuentas con la memoria

Guatemala condenó el lunes por primera vez las desapariciones cometidas en el conflicto que vivió el país centroamericano durante casi 40 años. Un tribunal penal mandó a prisión a Felipe Cusanero Coj, involucrado en la guerra sucia de la década de los 80, que fue hallado culpable de la desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1983. La sentencia abre las puertas para juzgar a otros responsables de las más de 45.000 desapariciones acaecidas entre 1960 y 1996.

Cusanero, que se encontraba en libertad bajo fianza, fue declarado culpable de la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, ocurridas en la aldea Choatalum, en el departamento de Chimaltenango. El tribunal dictó 150 años de cárcel para el ex comisionado militar, pero sólo cumplirá 50 años de prisión debido al Código Penal vigente en Guatemala.

"En el país hay 45.000 personas desaparecidas y esta condena es un precedente para continuar la lucha en busca de nuestros seres queridos", aseguró ayer Aura Farfán, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. No hay que olvidar que 448 asentamientos de pueblos indígenas, descendientes de los mayas, fueron borrados del mapa bajo la política que se conoció, en los manuales contrainsurgentes norteamericanos, Tierra Arrasada.

El juicio se reanudó la semana pasada tras permanecer 17 meses estancado por un recurso de Cusanero. Los familiares de las víctimas, apoyados por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, presentaron en 2003 la demanda penal en contra del ex comisionado militar.

Entre las pruebas tomadas en cuenta para la sentencia figuran documentos del informe Recuperación de la Memoria Histórica y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciado por Naciones Unidas, y las declaraciones de más de 20 testigos.

Cusanero fue designado en la década de los ochenta comisionado militar en Chimaltenango: un grado que era concedido por el Ejército a civiles para que vigilaran a los ciudadanos. El acusado sólo admitió declarar en una ocasión durante las más de doce audiencias del juicio, para declararse inocente de los cargos.

La desazón de las familias

Hilario López, familiar de las víctimas, se mostró contento con la sentencia, pero él esperaba que Cusanero revelara el paradero de las víctimas. "Qué le diré a mi esposa cuando llegue a la casa, seguimos sin noticias de nuestro hijo, a quien queremos dar cristiana sepultura", se lamentó.

El Tribunal de Sentencia de Chimaltenango también ordenó a la Fiscalía continuar las investigaciones en contra de dos ex oficiales del Ejército, antiguos jefes del condenado, para determinar la responsabilidad "material e intelectual" de éstos en la desaparición de estas víctimas.

Trece demandas penales en contra de altos jefes militares y de la desaparecida Policía Nacional por desapariciones forzadas aguardan en los tribunales. La de Cusanero es la primera en concluir.