La guerra al narcotráfico se vuelve en contra de Calderón

La guerra que declaró el Gobierno de Felipe Calderón al narcotráfico ha dejado mal parado al Ejército mexicano, con cientos de acusaciones en su contra por la violación de los derechos humanos en todo el país. La ofensiva contra los cárteles ha terminado volviéndose contra el presidente y su Partido de Acción Nacional (PAN), que hoy se somete a las urnas en unas elecciones legislativas y municipales en las que los sondeos apuntan a la victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La formación política que monopolizó el poder durante siete décadas en México podría recuperar hoy la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y algunos municipios y gobiernos de estados claves.

La batalla contra los narcos ha sido uno de los puntales de la política de Calderón. Comenzó en 2006, en las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez, y en los estados de Sinaloa y Michoacán, siempre con el aval de los gobiernos estatales y municipales. Al principio, las operaciones militares, que literalmente desplazaron a las policías locales, fueron vistas por la ciudadanía como necesarias y, en ciudades como Tijuana, al inicio, la presencia del Ejército tuvo un franco apoyo de la población.

Los militares han salido mal parados, con cientos de denuncias por violar los derechos humanos

Pero el encantamiento se esfumó muy pronto. En octubre de 2008, el periódico El Universal publicó una encuesta sobre la opinión de la gente acerca de la guerra contra el narcotráfico: el 42% dijo que la estrategia del Gobierno había generado más inseguridad, el 27% sentenció que no había surtido ningún efecto y sólo el 25% la valoró.

El último informe al respecto de la organización Humans Rights Watch (HRW) es estremecedor. En el documento Impunidad uniformada, se detallan las violaciones de los derechos humanos que cometió el Ejército durante 2008 y parte de 2007: van desde detenciones ilegales hasta asesinatos y abusos sexuales, pasando por desapariciones forzadas y torturas.

El informe de la organización internacional describe 17 casos de "crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas" y señala que "ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal por la comisión de violaciones de derechos humanos".

La ofensiva contra los cárteles de la droga podría esconder intereses económicos

HRW concluye: "Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares".

Zonas bajo ocupación militar

En marzo de este año, el presidente de la tradicionalmente oficialista Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, hizo un llamamiento al presidente para "definir en breve las formas en que el Ejército dejará paulatinamente de participar en labores directas de seguridad pública". Pero, hasta la fecha, el Gobierno de Calderón no ha dado señales de querer terminar con la ocupación militar en varias zonas del país. En 2008, la CNDH ya había advertido de que era "evidente que individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas cometieron abusos de la máxima gravedad".

Después de que un grupo de personas no identificadas atacaran a varios militares y asesinaran a cinco soldados el 1 de mayo de 2007, cientos de soldados se trasladaron a los municipios indígenas de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, en el estado de Michoacán, con el fin de encontrar a los agresores. Cometieron decenas de abusos, detenciones ilegales en una base militar, torturas, palizas, violaciones y allanamientos de morada. Cuatro menores fueron violadas, relata el informe de HRW. La CNDH identificó a las víctimas como A26, A27, A28 y A29.

Un día después, el 2 de mayo de 2007, según el relato de la víctima A26, los soldados las subieron a unos camiones y las llevaron hasta el río, donde esperaba un helicóptero. Allí, arrastrándolas por el pelo, les ataron las manos fuertemente con cuerdas y cintas de plástico, relata el informe de la CNDH.

Los testimonios de las víctimas

A26 dijo que ya en el helicóptero los militares les gritaron: "Hijas de su puta madre, pinches [despreciables], derechos humanos ni existen, las vamos a aventar [arrojar] al mar y se las van a comer los tiburones, hijas de su chingada madre". Luego, les pidieron que se subieran la falda y se quitaran la ropa interior, antes de manosearlas y golpearlas.

A 28 también sufrió abusos sexuales. Al llegar al cuartel, los militares les gritaron "pinches drogadictas putas". La joven llevaba una imagen de la virgen en la mano y un militar se la quitó, le levantó la falda, le arrancó su ropa interior y "le colocó la estampa hecha bolita entre sus nalgas empujándola con un dedo". Al mismo tiempo, le gritaba: "Esto es lo que les gusta, pinches perras, que se las cojan, ahora sí, ni la virgencita te va a salvar, ni mucho menos los derechos humanos, porque no existen". Estos y otros testimonios confirman la opinión de quienes denuncian que la guerra, más que contra el narcotraficantes, ha sido contra los pobres de México.

Las denuncias de abusos coexisten con las de quienes sostienen que tras la guerra se ocultan intereses económicos. El Taller de Desarrollo Comunitario de Guerrero, en un encuentro contra la impunidad celebrado el 20 y 21 de junio en Chiapas, señaló que "la militarización dirigida supuestamente a combatir el narcotráfico es la punta de lanza de la llegada de capitales trasnacionales por medio del despojo".

Un ejemplo es lo que sucedió hace unos días en dos poblados de la sierra de Coyuca de Catalán que fueron tomados por el Ejército. Sus habitantes vivieron aterrorizados durante cuatro días, tras la irrupción de los soldados que llegaron disparando y gritando "¡viva Rogaciano Alba!", el cacique de la región acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la luchadora por los derechos humanos Digna Ochoa. Todos los hombres de la zona se vieron forzados a huir a la sierra.

Este suceso, se dijo en el encuentro contra la impunidad de Guerrero, "no es sino un ejemplo de la política de tierra arrasada que se está practicando. Ese despojo masivo está detrás del asesinato y el encarcelamiento, y la existencia de más de 240 órdenes de captura contra las organizaciones sociales y las ONG de derechos humanos".