El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirma que se actuará aplicando la ley si se descubre que hubo 'algún comportamiento incorrecto' por parte del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar sueldos en negro a empleados de sus empresas. 'Si hay algún comportamiento incorrecto, evidentemente se va a actuar aplicando la ley', subrayó.

A su llegada a la reunión de titulares de Economía y Finanzas (Eurogrupo) que se celebra en Bruselas, De Guindos indicó que la inspección fiscal y el Ministerio de Empleo estudiarán con detalle las denuncias que apuntan a que el grupo hostelero 'Arturo Cantoblanco' ha pagado 'generalizadamente en B' a empleados, acusaciones negadas por Fernández tal y como han pedido los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

Gestha ha considerado 'posible' que Arturo Fernández haya cometido un presunto delito contra la Seguridad Social por defraudar más de 50.000 euros. Además, también cree que podría haber defraudado a la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades e IVA, relacionados con ventas en negro para pagar esos sueldos en B por una cuantía defraudada superior a 120.000 euros. Gestha explica que, para que exista empleo sumergido, una empresa tiene que vender en negro para pagar a sus trabajadores, sin pagar impuestos ni cuotas a la Seguridad Social.

Según estudios que manejan los técnicos, la economía sumergida en España supone entre el 20 y 25% del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países del entorno como Alemania o Francia. Esto supone una evasión total de unos 38.500 millones al año por encima de la media sumergida europea.

Asimismo, de cada 100 euros pagados en negro, 66 euros proceden de la evasión fiscal y 34 euros son causados por el fraude a la Seguridad Social. De hecho, según las estimaciones manejados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el número trabajadores en la economía sumergida en España se estima en torno a los 2,5 millones de personas, cerca del 15% de la fuerza laboral registrada oficialmente.

Por su parte, Arturo Fernández niega haber pagado a sus empleados con dinero negro. Incluso, el número dos de la CEOE asegura que sus abogados ya estudian tomar medidas judiciales contra las acusaciones.