El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una nueva ley para reforzar la solvencia del sistema financiero que,  exigirá a la banca cinco nuevos colchones de capital. El objetivo es fortalecer a la banca ante futuras crisis, con lo que requerirá niveles de capital superiores a los establecidos en la UE.

Así, habrá un colchón para conservar el capital y asumir pérdidas inesperadas, que se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y será del 2,5% en 2019; otro anticíclico específico, que será también del 2,5% desde enero de 2016; un tercero y un cuarto para entidades de importancia sistémica mundial o regional, entre 1% y el 3,5%; y un quinto contra riesgos que puede llegar al 5%. Estos colchones suponen un complemento al mínimo del 4,5% de capital y reservas (common equity tier 1) frente a activos ponderados por riesgos a partir de 2015.

La ley, como novedad, introduce límites a los bonus de los banqueros, que, no obstante, resultan relativamente elevados y, además, están muy por encima de lo que viene siendo ya la práctica habitual de las grandes entidades españolas. El proyecto de ley limita el bonus de los directivos y consejeros de las entidades al 100% del sueldo fijo de los banqueros, salvo que la junta de accionistas autorice hasta el máximo del 200%. La norma, además, prohíbe el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado, con la excepción de que el Banco de España dé su visto bueno. Eso no quita para que las entidades estén obligadas a tener un comité de remuneraciones. Igualmente, se imponen límites al número de consejos en los que puede participar una misma persona, dos si cuenta con funciones ejecutivas y hasta cuatro si no las tiene.

Además, el ministro de Economía ha anunciado que el Fondo de garantía de Depósitos (FGD) incorporará en su comisión gestora a un miembro del Ministerio de Economía y a otro del de Hacienda que estudiarán las posibles desviaciones que se produzcan en los esquemas de protección de activos (EPA, especie de blindaje para cubrir eventuales pérdidas) ofrecidos en anteriores operaciones de venta de entidades financieras, como ha sucedido en la CAM.

Con estas incorporaciones, la banca queda en minoría en la dirección del FGD (que se nutre con las aportaciones de las entidades), compuesta con once miembros: cinco de las asociaciones representativas de las entidades de crédito (tres de bancos, uno de cajas de ahorros y uno de cooperativas de crédito), cuatro del Banco de España, más los dos representantes del Gobierno. La presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.

Guindos ha vinculado el cambio en la composición del FGD al análisis de las desviaciones en los EPA's que ha sufrido la CAM, adquirida por el Banco Sabadell, con el fin de contener el coste para el erario público. La CAM se vendió con una inyección de capital de 5.500 millones de euros y en su venta se ofreció un EPA. En este caso, el FGD garantizaba al comprador que por una cartera de 24.000 millones de euros se cubrían las pérdidas que podrían surgir en un 80%. El 20% lo cubriría el Sabadell. En principio, se calculó que este blindaje podría ser de 7.000 millones; pero el pasado 13 de enero, el ministro aseguró en el Congreso que el CAM puede acabar costando a las arcas públicas 15.000 millones de euros debido a la "negativa" evolución de los valores de la entidad, cubiertos por un EPA.