Guindos quiere frenar la avalancha de desahucios

Más de 5,2 millones de desempleados y subiendo. Un país volviendo a la recesión. Cuatro años de crisis. Y, sin embargo, la morosidad hipotecaria de las familias españolas se situó en el mes de noviembre (último dato del Banco de España) en el 2,7%. Ahí no está el agujero de la banca. Es el crédito promotor, con una morosidad del 20%, la inversión de riesgo que tiene en peligro de quiebra al sistema financiero español. La banca refinancia a promotores, acuerda con ellos quitas y aplazamientos mientras los desahucios de familias superan ya los 200 por día, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El aumento en 2011 rondó el 24% respecto al año anterior, acercándose a los 50.000, y la cifra se está disparando en este ejercicio, al llegar a la fase de desahucio los procesos iniciados en 2008, el año en que se pinchó la burbuja. El Gobierno quiere desactivar esa bomba social.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo dejó entrever ayer en la Comisión del ramo del Congreso cuando dijo que su Ministerio se va a "poner en contacto con la banca para buscar sistemas que reduzcan el coste social" de la crisis en forma de "desahucios y embargos". Parecía una idea en mantillas pero no lo es. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, Economía ya "ha contactado con la patronal de la banca (AEB), la de las cajas de ahorros (CECA) y la de las cooperativas de crédito para constituir una comisión que estudie alternativas a la pérdida de la vivienda" por parte de una familia. Moratorias, sustitución de la hipoteca por un alquiler, las posibilidades están abiertas.

Los desalojos se están disparando por los procesos iniciados en 2008

Segun Rafael Mayoral, asesor jurídico de la PAH, "este año es el de los desahucios. Todos los procedimientos de 2008 están terminando ahora y se está generando emergencia habitacional mientras los bancos acaparan viviendas para sostener los precios". Los plazos, una vez se ha entrado en impago, comienzan "cuando el banco presenta la demanda" al hipotecado, "continúa con un nuevo requerimiento de pago, la subasta del inmueble y, si esta queda desierta, como ocurre en la mayoría de los casos, se la adjudica el banco. Tras las diligencias de posesión, el hipotecado tiene un mes para abandonar de forma voluntaria la vivienda, ampliable otro mes por motivos fundados antes de la orden de lanzamiento, que es el desalojo forzoso".

Mayoral recuerda que "el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales suscrito por Naciones Unidas plantea que no puede haber desalojos forzosos sin una solución habitacional" para el desalojado. En un informe de la ONU sobre derecho a la vivienda, añade, "ya se hablaba de que en 2001 había en España tres millones de viviendas vacías (sin contar segunda vivienda). Ahora se calcula que la cifra podría elevarse a seis millones".

Al drama del desahucio se une que, por ley, al quedar desierta la subasta, el banco se puede quedar con la vivienda al 60% de su valor de tasación (50% hasta mediados de 2011) y el resto del crédito y sus intereses se lo sigue debiendo el hipotecado. No sólo no se aplica en España la dación en pago (fórmula por la que se salda la hipoteca con la entrega del inmueble), sino que se obliga a las familias a asumir un ajuste en el precio que banca y promotores se han negado hasta ahora a realizar dejándoles sin casa y con deuda pendiente. Según datos de Fomento, el precio del metro cuadrado de vivienda libre ha caído sólo un 19% desde que alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2008.

La ley obliga al hipotecado a entregar la casa al 60% de lo tasado

En España ya existen iniciativas de mediación con la banca para frenar el desahucio a nivel autonómico aunque no son obligatorias, como es el caso de Ofideute en Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco está estudiando junto con el Gobierno de Patxi López implantar un sistema de mediación. A nivel privado, Caritas inició una fórmula de mediación con la banca con capital de un donante anónimo.