Pocos detalles se conocen de la reforma laboral que aprueba hoy el Gobierno, más allá de las líneas generales que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reiterado en las últimas semanas: simplificación de contratos, reorientación de las políticas activas y cambio en las bonificaciones a la contratación. Pero, una vez más, fue una cámara indiscreta la que reveló las intenciones del Ejecutivo. Si Mariano Rajoy anticipó “una huelga” por la reforma laboral, ayer su ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó el abaratamiento del despido. Y donde Báñez habla de una reforma “equilibrada”, Guindos emplea un adjetivo menos melifluo. “Mañana aprobamos la reforma laboral”, le dijo al comisario europeo de Economía, Olli Rehn, durante la celebración del Eurogrupo en Bruselas. “La verás: será extremadamente, extremadamente agresiva”, aseguró el ministro. Introducirá “flexibilidad en la negociación de los convenios colectivos” y “reducirá la indemnización por despido”, avanzó. El comisario Rehn, que lleva meses pidiendo la reforma, respondió con un elocuente “¡genial!”. Horas después del comentario, fuentes de Economía quisieron matizar que con “extremadamente agresivo” el ministro quería referirse al “problema del paro”.

Y es que el Ejecutivo podría generalizar el llamado contrato de fomento del empleo, de 33 días de indemnización por año trabajado, como ya contemplaban las enmiendas del PP a la reforma del mercado de trabajo que el anterior Gobierno aprobó en 2010, y que ya extendía el uso de este modelo contractual a prácticamente todos los colectivos. No obstante y pese a la reforma, este tipo de contratos ha registrado una caída del 67% en el último año, según los datos de la última EPA.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que integra a los ministros del ramo, se reunió para cerrar detalles de la reforma que se aprobará hoy. Báñez sí anunció ayer en el Congreso una medida concreta: los jóvenes podrán capitalizar el 100% de su paro para montar una empresa, es decir, que aquellos que quieran convertirse en emprendedores podrán disponer en un solo pago de toda la cuantía de la prestación por desempleo que les corresponde. Hasta ahora, podían capitalizar el 80%, y el 60% para las personas en paro mayores de 30 años (35 años en el caso de las mujeres).

En cuanto a las bonificaciones, el Ejecutivo podría incluir en la reforma una medida anunciada durante su campaña: una ayuda de 3.000 euros para los autónomos que contraten a su primer empleado. No habrá minijobs, al menos en la teoría, porque en la práctica podrían introducirse cambios en el contrato a tiempo parcial que ocasionarían el mismo efecto .

Guindos anticipa que la reforma laboral abaratará el despido

La negociación colectiva es uno de los puntos calientes de la reforma. Una de las posibilidades es que el Gobierno separe a las pequeñas y medianas empresas, estableciendo, por ejemplo, un mecanismo de descuelgue (es decir, de no aplicación) de los convenios más rápido y general que para las grandes empresas. Esto permitiría a

los pequeños empresarios aplicar unilateralmente sus condiciones de trabajo hasta que un juez decidiera al respecto.

Otro de los focos son las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal, a las que el Gobierno quiere dar más cancha. Estas entidades proponen hacerse cargo de parte de las personas desempleadas que llegan a los Servicios Públicos de Empleo a cambio de un pago a cargo del presupuesto de este organismo y en función de los resultados.

Los sindicatos desconocían ayer el contenido de la reforma laboral, un hecho que sorprende después de que la ministra de Empleo haya ensalzado el diálogo social en casi todas sus intervenciones. Sí advertían sobre la gravedad de algunas posibles medidas, como la limitación de la prórroga automática de los convenios o los cambios en negociación colectiva, que pasarían por encima de los últimos acuerdos de patronal y centrales.

Las empresas podrían realizar un ERE sin permiso de la Administración

Otro de los cambios que harían a la reforma digna del adjetivo de “extremadamente agresiva” es la eliminación de la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo, algo que la patronal CEOE reclama desde hace tiempo. Joan Coscubiela, portavoz en la comisión de Empleo del Congreso en representación de Izquierda Plural, cree que muchos ven en esta nueva reforma una gran oportunidad para dar todo el poder a los empresarios, “cargándose la negociación colectiva, el trabajo de los sindicatos y la autorización administrativa”. En este sentido, José Antonio García, secretario federal de Economía y trabajo de IU, considera que “el descuelgue de los convenios dejaría en agua de borrajas los acuerdos entre patronal y sindicatos”.

Hoy, por primera vez, se podrá hablar sobre la reforma del mercado de trabajo con un documento y se podrán analizar sus efectos, porque, como comentó ayer el diputado de CIU Carles Campuzano, “el diablo está en los detalles”.