El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrara este jueves por la tarde supone un duro trance para las autonomías: tendrán que defender ante Hacienda sus planes de viabilidad y, lo más difícil, tendrán que recibir el visto bueno del Gobierno a sus cuentas si no quieren ser intervenidas.

Ahora es el momento de la verdad, de ver si pasan la reválida y sus ajustes sirven para lograr el objetivo de déficit que el Gobierno les exige este año: el 1,5% del PIB.  Los consejeros de Economía tendrán que explicar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la situación financiera de su comunidad y dónde han decidido recortar. 

Las comunidades afrontan el encuentro con un relativo optimismo, convencidas de que superarán la prueba, a pesar de que el Gobierno ya ha advertido de que no dudara en hacerlo si las cuentas no cuadran. De hecho, el Gobierno, quiere que los números cuadren aunque sea a costa de más ajustes y más recortes. Lo que sea para lanzar un mensaje de confianza a los mercados: 'No quedará un solo euro en los cajones de la Administración, ni lo volverá a haber'.

Montoro pidió el miércoles a las comunidades que acudan a la reunión sin 'recelos ni rechazos', dispuestas a hacer una 'radiografía' de su situación financiera. Para el ministro, la convocatoria es importante porque será clarificadora sobre las cuentas de las regiones y 'abre el futuro del Estado de las autonomías'. La intención política del Gobierno es mostrar que éste es factible; que se hizo para entenderse y 'no para que haya agravios comparativos'.

Montoro está dispuesto a aplicar 'sin pestañear y con todo rigor' sanciones en caso de incumplimiento.

'Hasta el último minuto vamos a pedir aclaraciones y concreciones' , dice el Gobierno

En palabras similares se expresó el secretario de Estado de Administraiones Púbicas, Antonio Beteta, para quien los planes presentados, 'en general, son satisfactorios', aunque no se pronunció sobre si será necesario intervenir a alguna.

'Hasta el último minuto vamos a pedir aclaraciones y concreciones' si consideran que los datos aportados no son suficientes.

De la seguridad con la que dicen afrontar la reunión las autonomías son muestra las declaraciones de José Manuel Vela, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, una de las más endeudadas, quien, seguro de que sus cuentas no serán intervenidas, dice que la reunión de esta tarde marcará 'un antes y después' en la historia de las finanzas públicas regionales en España.

Si algún plan es rechazado, la comunidad en cuestión tendrá dos semanas para enmendar las cuentas y volver a presentarlas en un CPFF que se celebrará en unas dos semanas.

El pasado fin de semana se encendían las alarmas al conocerse que Hacienda había encargado a la Abogacía y a la Intervención General del Estado que estudien la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con Asturias, ante la imposibilidad de aprobar su plan económico.

Asturias es la única que en principio corre peligro. Todas las comunidades han adelgazado sus presupuestos para este año. Ayer mismo, Andalucía anunciaba un recorte de 2.500 millones de euros, que afectará a complementos salariales de los funcionarios y se traducirá en una subida de impuestos.

No sólo los planes de ajuste de las comunidades socialistas serán estudiados con detalle, también los de algunas conservadoras, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Esta autonomía está dispuesta a 'dar la cara y a hacer creíble' su plan, que cree que será aprobado, aunque no descartan alguna 'corrección'.

Más segura se muestra Catalunya, que dice no tener constancia de que Hacienda haya devuelto o puesto en cuestión su plan, como —por otra parte— tampoco ha hecho el Gobierno con ninguna comunidad.

Catalunya anunciaba su tercer plan de ajustes en dos años, para recortar 1.500 millones de euros, que contempla reducir plantillas de empresas públicas, privatizaciones de empresas y patrimonio y alguna nueva tasa, como una matrícula en la FP de grado superior. Mas ha culpado de los ajustes al Gobierno del PP y al anterior socialista, y ha subrayado que si recibieran los 759 millones de euros por deudas en cumplimiento del Estatut del año pasado, el plan de ajuste se reduciría a la mitad.

Otra comunidad que afronta el CPFF con una situación delicada es Murcia, que ha aprobado un plan de reequilibrio por importe de 623 millones, de los que 219 proceden de la obtención de nuevos ingresos y 404 de un paquete de medidas de recorte del gasto.

Asturias y Murcia son las que llegan en situación más delicada

Castilla-La Mancha, que cerró 2011 con el peor dato de déficit de España, el 7,3% de su PIB, aún no tiene aprobados sus presupuestos pero ejecutará un importante recorte. Momento difícil vive también Extremadura, que deberá pagar antes de que acabe el año 138,4 millones de euros a entidades financieras por el vencimiento de préstamos pendientes.

Más tranquila acude a la cita Galicia, que cerró 2011 con un déficit del 1,6%, casi la mitad que la media de las autonomías.

Insólita es la medida tomada por Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, acaba de anunciar que presentará un anteproyecto de ley de modifiación de los presupuestos de 2012, con la intención de incorporar más recortes. Madrid ha ahorrado más de 2.200 millones de euros desde 2008.

Castilla y León llega al CPFF sin un proyecto de ley de presupuestos presentado, con un techo de gasto fijado en 9.108 millones de euros y con el apoyo al Ejecutivo central en todos los recortes.

Por su parte, Aragón ha puesto en marcha un plan de reestructuración del sector público por el que las 103 empresas participadas por el Ejecutivo pasarán a ser cuarenta; Cantabria prevé obtener 157 millones de euros con su plan de sostenibilidad y La Rioja prefiere esperar a que se apruebe su plan para darlo a conocer, y sólo ha avanzado que será 'normalito' y 'no sorprenderá'.

Illes Balears y Canarias también han hecho los deberes para el Consejo y mientras la primera aprobó un plan de equilibrio cuantificado en 350 millones de ahorro, con una previsión de ingresos en cerca de 73, la segunda proyecta una subida de impuestos con los que pretende recaudar unos 250 millones.