"Estamos hartos de que nos tomen por tontos"

Después de más de tres años de recortes ni los pensionistas escapan a los rigores de la austeridad impuesta a macha martillo por el Gobierno del PP. Hace ya tiempo que sus pensiones han perdido poder adquisitivo respecto al IPC y, además, desde el año 2012 tienen que pagar parte de las medicinas que antes les dispensaba el Estado de forma gratuita. La puntilla, sin embargo, les ha llegado con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014: el año que viene las pensiones —la principal partida de gasto que afronta el Estado cada año— sólo subirán un 0,25%, el mínimo previsto en la reforma que prepara el Gobierno y con la que pretende privar al sistema de 33.000 millones de euros en los próximos 10 años.

Las cuentas públicas del año próximo se convierten así en el pistoletazo de salida del nuevo sistema de revalorización de las pensiones que va a aplicar el Estado en el futuro: subirán sólo un 0,25% el año que la Seguridad Social tenga déficit; sólo si hay superávit las pensiones crecerán el IPC más un 0,25%. Esa medida supone el final de la actualización anual basada en la evolución de los precios y ata la evolución de las pensiones a la situación de las cuentas de la Seguridad Social, lo que permite al Gobierno ahorrarse una buena cantidad de dinero. En 2014 la subida del 0,25% le costará 257 millones de euros; si hubiera tenido que actualizar las pensiones con la inflación prevista en 2014— el 1,5%— el Estado tendría que haberse gastado seis veces más, unos 1.550 millones de euros.

Además, como no está previsto que la Seguridad presente números positivos en los próximos años, en la práctica esa raquítica subida representa el primer jalón de un camino que de aquí en adelante se presenta largo y tortuoso para los pensionistas, condenados a perder una considerable parte de su capacidad de compra y consumo a corto y medio plazo.

Pero por si quedaba alguna duda de que el Gobierno ha roto la última línea roja sobre la que se había comprometido a no pasar la tijera, —la traición definitiva a años de promesas en los que Mariano Rajoy no se cansó de repetir que no iba a "tocar" las pensiones—, hay otro dato incontestable que certifica el tajo al bolsillo de los pensionistas: los Presupuestos de 2014 también recogen la menor subida del gasto en pensiones de los últimos 15 años.

La ministra Báñez alardea de la escuálida subida del 0,25%; los pensionistas le responden: "Es una tomadura de pelo" 

Octavio Granado, que fue secretario de Estado de la Seguridad Social entre 2004 y 2011 bajo los Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo explicaba con la precisión del experto el pasado 3 de octubre en un artículo en Público: "Del año 2000 en adelante, los mejores años las pensiones subieron de un 6% a un 8%, e incluso los años peores se mantuvieron en torno al 4%. Pero en 2014, con un incremento muy considerable del número de pensionistas, el gasto crecerá sólo el 3,26%, debido sobre todo a la escuálida revalorización del 0,25%". Ese no es un dato que Granado se haya sacado de la chistera: está incluido en el Informe Económico-Financiero del Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para el próximo año.

En la sede de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP) sus principales dirigentes se sientan a una mesa para debatir sobre el futuro del sistema público de pensiones. Manuel Doblado, Manuel Iglesias, José Remón y Félix Higueras no pueden permitirse el lujo de ser optimistas. Saben que llueve sobre mojado: en 2011 vieron cómo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congelaba las pensiones, mientras que en 2012 tuvieron que conformarse con una subida del 1%, muy por debajo de la inflación real, que llegó al 2,9% ese año. En 2013 la subida ha sido del 2% para las pensiones de menos de 1.000 euros y del 1% para las superiores a esa cantidad. Y ahora, en 2014, el remate final: una congelación encubierta con una subida ridícula.

Quizá un ejemplo práctico ayude a entender mejor la progresiva y enorme pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los pensionistas, esos a los que el presidente Rajoy definió en septiembre de 2012 como "las persona más indefensas". En 2010 la pensión media de jubilación era de 893,21 euros al mes. Quien cobrara esa cuantía en diciembre de 2010 cobra a día de hoy, casi tres años después, 922, 22 euros, apenas un 3,25% más o 29 euros más al mes. En ese mismo periodo de tiempo la inflación acumulada ha llegado hasta el 5%. En 2014 ese mismo pensionista verá que cobrará 2,29 euros más al mes. La brecha es notable. Pero lo peor es que esa brecha va a ir a más en los próximos años.

El Gobierno, sin embargo, se empeña en negar la realidad. La ministra de Empleo, Fátima Báñez sostiene allá donde va que los pensionistas no pierden poder adquisitivo, o al menos que no lo perderán a largo plazo. Es más, el pasado sábado alardeó alardeó de la subida del 0,25%: "Gracias a la reforma las pensiones van a subir siempre, todo los años. Cuando las cosas vayan mal, las pensiones subirán un 0,25%, pero cuando vayan normal, el mantenimiento del poder adquisitivo está garantizado". Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, recordó la semana pasada que la partida consignada en las cuentas de 2014 para el gasto en pensiones es de 112.102,61 millones de euros, un 5,4% más que en 2013. Montoro obvió decir, entre otras cosas, que cada año se incorporan al sistema de pensiones unas 135.000 personas.

Para las asiociaciones de pensionistas el sistema público de pensiones es perfectamente viable

El mensaje del Gobierno, lanzado también a través de los Presupuestos, es que no hay dinero para pagar las pensiones. Por eso, dice, se ve obligado a acudir al Fondo de Reserva de las pensiones: ya ha anunciado que en 2014 sacará 11.000 millones, una cantidad cercana a lo ya gastado entre 2012 y 2013.  Actualmente, la hucha de las pensiones cuenta con 59.000 millones. 

Desde CEPYP las cosas se ven de forma diametralmente opuesta. "Es una tomadura de pelo y una estupidez decir que las pensiones van a subir siempre", asegura José Remón, secretario de la organización. "Estamos hartos de que nos tomen por tontos. Que digan la verdad. Llevamos tres años perdiendo poder adquisitivo y ahora vamos a perder más. A todo eso hay que sumar los copagos que nos obligan a asumir. Están masacrando a los mayores", añade Félix Higueras, presidente de CEPYP. 

Los directivos de esta organización creen que el sistema público de pensiones es perfectamente viable y que su sostenibilidad "es cuestión de voluntad política". Pero sospechan que el Gobierno no tiene esa voluntad, que lo que pretende es "desprestigiar las pensiones públicas para dar entrada al capital privado".  Para Manuel Doblado, tesorero de CEPYP, lo que se esconde detrás de  la reforma de Gobierno es la privatización pura y dura de las pensiones: "Si el Gobierno quiere cambiar de sistema, si quiere llevarnos a un sistema de pensiones privadas, que lo diga".

"No es de recibo que vacíen la caja con todo lo que hemos contribuido y luego digan que no hay dinero"

El problema es que el Gobierno no lo dice y pone la excusa del dinero, algo que Manuel Iglesias, vicepresidente de CEPYP, rebate con datos oficiales: "No es de recibo que vacíen la caja con todo lo que hemos contribuido y luego digan que no hay dinero. España dedica un 10% de su PIB a las pensiones. Italia está en un 15% y Francia y Alemania, en un 14%. En un país donde se rescata a la banca con miles de millones de euros decir que no hay dinero para las personas mayores es una falacia. El sistema es manifiestamente mejorable, pero se puede hacer a través de un debate sereno, con tranquilidad. Para eso esté el fondo de reserva, para tener tiempo".

Además, para CEPYP es una trampa plantear una reforma restrictiva de las pensiones con la actual coyuntura económica: más de seis millones de parados, una Seguridad Social que pierde afiliación y unas cotizaciones sociales que según el proyecto de las cuentas públicas para el año que viene, van a bajar un 3,9%. Critican el uso que hace el Gobierno de las cotizaciones sociales con las que se pagan las pensiones: "Se usa la caja de la Seguridad Social para lo que interesa y cuando interesa", apunta Higueras, quien recuerda que con las cotizaciones de los trabajadores se han pagado cosas que no se deberían haber pagado.

No acaban ahí los argumentos. Los responsables de CEPYP recuerdan que recibir una pensión es un derecho constitucional que tiene que estar fuera de los vaivenes políticos, ideológicos y económicos. Lo resume perfectamente Iglesias: "Tratan de llevar a las pensiones a un corralito. El Gobierno nos dice que no puede gastar más de lo que se ingresa y que las pensiones se tienen que pagar únicamente con las cotizaciones sociales. Pero son un derecho de los pensionistas y el Estado tiene que atender ese derecho. Si no hubiese dinero para pagar el derecho que han conquistado millones de pensionistas, entonces  tampoco habría derecho para pagar otras cosas". 

Pero ese derecho corre serio peligro y hay defenderlo con uñas y dientes. Y no deben hacerlo solo los pensionistas: esa tarea incluye también a los trabajadores. Higueras utiliza un lenguaje casi bélico para describir la actual situación. "Van a tratar de exterminar el derecho a una pensión casi siempre escasa. Los trabajadores actuales aún no son conscientes del futuro que les espera: tendrán que morirse el día que dejen de trabajar o como mucho al día siguiente. Por eso, la pensión que les espera en el futuro es la que hoy deben defender". 

Iglesias, con una ironía no exenta del todo de un poso de amargura, sentencia: "Los mayores tenemos la obligación de procurar que el gasto en pensiones siga subiendo en el futuro. La consigna para desbaratar su proyecto es resistirnos a morir. No vamos a conformarnos aunque el PP saque la reforma adelante".