Algunos hospitales ya no atienden a inmigrantes con VIH

Algunos hospitales ya están negando el tratamiento a los inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH, según ha denunciado hoy el Observatorio de Derechos Humanos de la Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado Español (REDVIH), "lo que aumentará la mortalidad y facilitará la transmisión del virus".

REDVIH sostiene, en una nota de prensa, que el Gobierno no tiene evidencias de que el pretendido ahorro que pretende lograr negando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados, a partir del próximo sábado, "supere el nuevo gasto que se generará con más hospitalizaciones y la atención en urgencias".

El Observatorio ha recibido diversas consultas no solo de las personas que temen quedarse sin tratamiento antirretroviral sino también por parte del personal sanitario y ONG que consideran que la medida "atenta contra los derechos humanos al poner en peligro la vida de cientos de personas con VIH dentro de nuestro país".

Ante ello, argumenta que, a tan solo dos días de la entrada en vigor de este decreto, en España impera "la sensación de una total improvisación en lo que se refiere a la política sanitaria frente al VIH por parte del Gobierno".

Héctor Fortuny, activista de REDVIH, ha señalado, en una nota de prensa, que hay hospitales donde los profesionales se están encontrando entre "la espada y la pared", es decir, entre la negativa de la dirección a dar medicación a las personas con VIH y la necesidad de los pacientes.

"Exigimos a nuestros gobernantes que rectifiquen; no vamos a permitir que se sobrepasen ciertos límites, porque con la vida no se juega", ha dicho Joan Bertran de Bes, técnico responsable del Observatorio.

En las últimas semanas, este organismo también está recibiendo el testimonio de varios profesionales de la medicina de algunas comunidades autónomas a las cuales la dirección del hospital ya les ha comunicado que no se atenderá a los inmigrantes irregulares que se quedan sin tarjeta.

A pesar de ello, según REDVIH, muchos de estos facultativos han manifestado que su intención es "hacer objeción de conciencia y atender a todos los pacientes". Sin embargo, "temen las posibles consecuencias que les pueda generar a nivel laboral y legal".