La supresión de la limitación de los derechos de voto de las empresas cotizadas, que recibió hoy luz verde en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, tiene aún que superar el resto del trámite parlamentario para su aprobación definitiva.

Así lo manifestaron hoy en declaraciones a Efe fuentes de Iberdrola, una de las empresas que podría verse perjudicada en caso de la entrada en vigor de la eliminación de los blindajes.

Iberdrola asegura que "respetará" la decisión que se tome en el Parlamento, si bien recuerda que esta enmienda incorporada en la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas aún deberá pasar por el Senado y volver al Congreso para ser aprobada de forma definitiva.

La enmienda para la supresión de los blindajes en las empresas cotizadas, que entrará en vigor un año después de su publicación en el BOE, salió adelante con los votos a favor del PSOE y CiU, con la abstención del PP y el Grupo Mixto y los votos en contra de PNV y ERC-IU-ICV.

En la actualidad, Iberdrola tiene limitados los derechos de voto a sus accionistas al 10 por ciento del capital, algo que afecta directamente a la constructora ACS, presente en su accionariado con el 12,6 por ciento, porcentaje por el que ha reclamado en diversas ocasiones un puesto en el Consejo de la eléctrica.

La supresión de los blindajes afectará también al grupo constructor Sacyr Vallehermoso y a La Caixa, que tienen un 20,01 y un 14,1 por ciento, respectivamente, del capital de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF.

Consultados por Efe, tanto ACS, como Sacyr y Repsol declinaron realizar comentarios sobre la supresión de los blindajes aprobada hoy.