Los diputados de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) Laia Ortiz y Joan Coscubiela han denunciado a las compañías eléctricas ante el Fiscal General del Estado, tras la subasta de la semana pasada, anulada por el Gobierno, que habría supuesto una subida del recibo de la luz de alrededor del 11,5%. En su escrito, los diputados deICV denuncia al sector eléctrico por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y el de subastas y concursos públicos, según informa El Periódico de Catalunya.

En su escrito exigen incoar diligencias preprocesales para investigar "la fijación o determinación de los responsables y la responsabilidad penal" que se derive de todo ello. En la denuncia entienden que los últimos acontecimientos constituyen "uno de los mayores episodios de colusión empresarial con la finalidad de fijar precios al alza en el denominado mercado eléctrico". El elemento de engaño se basa en "los hechos que han motivado la elevación exponencial del precio de la energía" y el consiguiente delito de maquinación para alterar el precio de las cosas recogido en el artículo 284 del Código Penal. También recurren al artículo 262, que se refiere a la alteración de precios en subastas y concursos públicos.

Esta formación considera que las compañías que producen electricidad pudieron actuar sobre el precio "reteniendo agua, parando centrales (eólicas o nucleares) y pactando precios". De hecho, durante esos días marcaron los precios esencialmente las tecnologías más caras, esencialmente los ciclos combinados (gas).

ICV no quiere que los hechos se limiten solo a la subasta de la semana pasada (en la que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que se produjo una "burda manipulación"), donde intervienen mayoritariamente bancos de inversión y fondos que especulan con el precio de la electricidad, sino que reclama una auditoría para determinar la realidad sobre el déficit de la tarifa, así como una reforma de la subasta en la que se determina casi el 40% del precio del recibo de la luz.