La Iglesia pierde el privilegio de no pagar impuestos por hacer obras

El Gobierno está elaborando un proyecto para modificar la orden que exime a la Iglesia Católica del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). A diferencia de lo que ocurre con las empresas y los particulares, las obras en los edificios religiosos están exentas de abonar este suplemento municipal, que no supera el 4% de la base imponible (el presupuesto de la obra).

El cambio, una antigua reivindicación de Izquierda Unida, afectará a todos los edificios que pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por estar vinculados al concepto empresarial y de negocio de la Iglesia: emisoras de radio (cadena COPE, por ejemplo), colegios, hospitales, complejos deportivos y centros de enseñanza superior, entre otros. Los centros dedicados o relacionados con la predicación de creencias religiosas (templos, residencias de obispos y sacerdotes, universidades que imparten enseñanzas religiosas...) seguirán sin pagar el IBI y, en consecuencia, el ICIO.

El pacto marco que recoge las concesiones y reconocimientos a la Iglesia es el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, del 3 de enero de 1979. La redacción inicial reconocía al clero "la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y el patrimonio". Así, la Iglesia quedaba exenta de todos los pagos.

La rectificación propuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda, a la que ha tenido acceso este diario, cambia uno de los puntos del acuerdo, que afectará a "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas". La Iglesia disfrutará de "la exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras" en todos los inmuebles que estén "exentos de la Contribución TerritorialUrbana" (el actual IBI).

Con el nuevo documento, el Ejecutivo vuelve a recortar la financiación a la Santa Sede, contra la que la Comisión Europea (CE) ha emitido repetidas críticas desde hace 20 años. En la primera denuncia, en 1989, la Unión criticó los "privilegios" de financiación que otorgaba el Gobierno español a la orden católica.

Las denuncias más airadas se produjeron en 2004 y 2005 en relación a la exención del pago de otra tasa: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El órgano de gobierno de la UE exigió, mediante un "dictamen motivado", la aplicación del IVA a la Iglesia Católica.

La CE llegó a iniciar un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, antes de enviar su respuesta a la UE, el Gobierno y la Conferencia Episcopal acordaron en 2006 la renuncia de la Iglesia a la exención del IVA en las operaciones comerciales, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente.