Igualdad pide a la Hispalense que proteja a las víctimas

La consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha pedido al Rector de la Universidad de Sevilla que tome en consideración las medidas de protección solicitadas por dos profesoras y una becaria que han denunciado a un catedrático, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por acoso sexual y laboral. La Universidad, que abrió un expediente disciplinario al profesor, S. R. G., remitió el caso directamente a los tribunales, sin adoptar las medidas cautelares que pedían las víctimas, como publicó este periódico.

En un escrito, la consejera recuerda que la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género obliga a las administraciones públicas a “tratar y prevenir” con las medidas que sean necesarias las conductas denunciadas, “sin perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive”. Es, por ejemplo, lo que acaba de hacer la Consejería de Educación, que ha suspendido temporalmente a un profesor de un instituto concertado granadino hasta que se aclare judicialmente el asunto.

Este hombre fue detenido y puesto en libertad con cargos por supuestos tocamientos a cuatro chicas, tres de ellas menores, según publicó ayer el  Ideal. [Hemos tomado la decisión de suspenderlo cautelarmente] para salvaguardar la peor hipótesis que pudiera darse: que los hechos fueran ciertos”, confirmó ayer el consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica. Existe, además, otro caso similar en un instituto público, también de la provincia de Granada, que están investigando, según Educación.

Asignadas al departamento

La denuncia contra el catedrático está ahora en el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, que ha abierto un procedimiento por agresión sexual, acoso sexual y acoso laboral. Tras conocer el caso, la consejera de Igualdad ha dado también traslado del asunto a la Fiscalía y recuerda, además, que las administraciones públicas deben garantizar el apoyo y el asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas.

Las tres denunciantes, sin embargo, manifiestan haberse sentido indefensas por parte del Rectorado, que denegó en un primer momento las medidas cautelares por considerar que sólo eran posibles una vez abierto el expediente. Pero tampoco las adoptó luego. Según dijo a Público un portavoz de la institución hace unos días, el caso fue derivado a los tribunales por la gravedad de la denuncia.

No obstante, se da la paradoja de que, mientras tanto, las profesoras y la becaria siguen asignadas al departamento que dirige el catedrático de Educación Física. Las tres están siendo medicadas por depresión y ansiedad y reciben apoyo jurídico y psicológico del Instituto Andaluz de la Mujer.

Una de ellas está de baja, otra continúa trabajando y la tercera, con una beca concedida por la Universidad, tiene paralizado su proyecto. Este periódico intentó, sin éxito, contactar con el denunciado.