El Comité de Expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad para asesorar sobre la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo propone el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías.

También abogan que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno y defiende que la Ley de Autonomía del Paciente elimine la exclusión del aborto de las operaciones quirúrgicas a las que una menor puede someterse.

Después de seis meses de trabajos, el comité ha presentado hoy sus conclusiones a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien ha explicado que serán elevadas mañana al Consejo de Ministros y previsiblemente 'antes del verano' el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley del aborto.

Los expertos recomiendan que no haya límite de semanas en aquellos casos en los que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y que, a partir de la semana 22, -señalada por la OMS como periodo límite de viabilidad fetal- la interrupción del embarazo no se considere un aborto, sino 'un parto inducido'.

En el plano jurídico, señalan que una ley de plazos queda 'dentro del marco de la Constitución' y abogan por que nunca se penalice a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos legales para hacerlo.

Según uno de los expertos, el doctor Javier Martínez Salmeán, la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser 'libre e informada'. 'Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida', defiende.

El comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que 'en ningún caso' las mujeres que decidan interrumpir su embarazo 'podrán ser castigadas con penas de prisión'.

Según la jurista María Duran, la propuesta de los expertos pasa por la despenalización del aborto para la mujer y por atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión.

En este sentido, la ministra Aído afirmó que el Gobierno tiene claro que 'ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel'. Sin embargo, añadió que se perseguirán los abortos 'no consentidos e ilegales'.

Está compuesto por José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Donat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.

Como representantes del Gobierno, también formaron parte José Luis Rodríguez Alvarez, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del Ministerio de Justicia; José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.