Incomunicados los once detenidos por la trama de corrupción de Lanzarote

Los detenidos en la trama de corrupción municipal y urbanística del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote se encuentran incomunicados en diferentes acuartelamientos y centros policiales de la isla a la espera de declarar ante el juez, informaron a Efe fuentes del caso.

Salvo el líder del PIL, Dimas Martín, que está recluido en la prisión de Tahíche, los otros diez detenidos han sido repartidos por distintos cuarteles de la Guardia Civil y comisarías a fin de garantizar que no se pueden comunicar entre ellos.

Fuentes de la investigación dijeron a Efe que los detenidos permanecerán incomunicados hasta que pasen a declarar esta tarde o mañana ante el juez del caso, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife de Lanzarote, quien ordenó las detenciones.

La Guardia Civil desmanteló ayer una trama de cargos públicos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote que cobraba comisiones millonarias a empresarios interesados en diversas gestiones municipales y urbanísticas.

En la operación fueron detenidos el líder del PIL y ex senador y ex presidente del Cabildo Dimas Martín, quien ya se encuentra en prisión cumpliendo otra condena; su hija Elena Martín, jefa del servicio de contratación del ayuntamiento; y los concejales del PIL Ubaldo Becerra, teniente de alcalde y responsable del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, y José Miguel Rodríguez Sánchez, de Hacienda y Urbanismo.

Los políticos y funcionarios supuestamente corruptos cobraban a los empresarios por el pago de facturas por servicios prestados a la administración, la adjudicación de contratos y la concesión de licencias.

Además, la Guardia Civil investiga el último plan general de ordenación de la capital lanzaroteña porque tiene indicios de que en él también se han cometido delitos de corrupción municipal y urbanística.

La operación policial, bautizada con el nombre de "Unión" y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.

En la operación agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado tanto las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, uno de ellos en Puerto Calero, así como los domicilios de algunos de los detenidos.