Fin a las indemnizaciones para homosexuales represaliados

Si las ayudas económicas a la Memoria Histórica han sido fulminadas, para el colectivo de ex presos sociales solo es cuestión de tiempo. El 31 de diciembre de 2013 finaliza el plazo para que, quienes hayan sido encarcelados en aplicación de las leyes que penaban la homosexualidad durante el franquismo, pidan su correspondiente indemnización. Así lo establece la disposición vigésimo quinta incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. Este límite temporal no se contemplaba en la ley de presupuestos para 2009, que también destinaba una partida a tal fin.

Este aspecto es objeto de denuncia por parte de la Asociación de Ex Presos Sociales debido al complicado periplo que tienen que recorrer los afectados para reunir la documentación necesaria. "Hay muchas administraciones implicadas: Justicia, Interior, Instituciones Penitenciarias, los archivos judiciales y provinciales; además, parte de la documentación no está catalogada o ha sido destruida", denuncia Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales. "Muchos no tienen ni un solo papel porque no les daban nada; a otros les cogían a la salida de prisión y les volvían a ingresar, sin juicio ni sentencia, ¿qué pruebas va a presentar esa gente?", lamenta.

No obstante, la cuestión de los plazos no es el extremo de mayor preocupación para este colectivo, ya que la solicitud se puede subsanar y ampliar con posterioridad a 31 de diciembre de 2013. Lo que Ruiz teme es que, en última instancia, el Partido Popular presente una enmienda y la partida destinada a estas indemnizaciones quede fuera de los PGE. Para ello, van a solicitar, los próximos días, encuentros con los grupos parlamentarios para ver reforzado su derecho. "También remitiremos una carta al ministerio de Justicia para solicitar una reunión de trabajo", anuncia Ruiz. El objetivo de este último punto es agilizar la documentación judicial necesaria para justificar el derecho a las indemnizaciones.

El presidente de la Asociación de Ex presos sociales, el colectivo que aglutina a gays, lesbianas y transexuales represaliados, permaneció tres meses en prisión cuando tenía 17 años. "He tardado 15 años en recuperarme de aquello", reconoce. Su experiencia no ha quedado dignificada con los 4.000 euros que le dieron de indemnización.
Estas partidas se recogieron por primera vez en los PGE de 1990. Ahora, se mantienen las cantidades que fijó el Presupuesto de 2009 y que establecen la cantidad de 4.000 euros para quienes hubieran sido encarcelados entre uno y seis meses; 8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000 euros por tres años o más de cárcel y 2.400 adicionales por trienio a partir del primero.

"De este trauma no se recuperarán jamás en la vida", asegura Ruiz

Unas cantidades que Ruiz compara con una "bocanada de aire fresco". Pero en aire se quedan: "De este trauma no se recuperarán jamás en la vida", asegura sobre compañeros que aún viven con el estigma y el drama de haber sido encarcelados en virtud de su opción sexual. "Muchos viven en las mismas condiciones de antes de comenzar las luchas".

Desde que la homosexualidad quedara criminalizada por la ley de vagos y maleantes en 1954, han sido encarcelados en aplicación de esta norma cerca de 5.000 personas, según datos de la asociación que preside Ruiz. "Ahora apenas deben quedar unas 160 personas que podrían pedir las indemnizaciones", apunta. Por ello, el colectivo pone sobre la mesa otra solución que llevan promoviendo desde hace cinco años: "Crear un fondo de pensiones para que estas personas, que no llegan ni a los dos centenares, puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida". Además, añade Ruiz, la partida que se presupuestó para 2009 "no se ha agotado", por lo que "no supondría un quebranto económico para el Gobierno" disponer de esas cuantías para el fondo de pensiones que proponen los ex presos sociales.

Mientras, los plazos corren, por lo que desde la asociación hacen un llamamiento a aquellas personas que fueran encarceladas en aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954 de Vagos y Maleantes y de la Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social para que contacten con los ex presos y puedan recabar la documentación exigida. [Teléfono: 96 118 27 73].

"Lamentamos que de forma unilateral por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas tomen esta decisión sin consultar con la Asociación, ya que ésta fue la interlocutora y promotora del reconocimiento de dichas indemnizaciones a los represaliados en la dictadura por su condición sexual", concluye Ruiz.