Este artículo se publicó hace 15 años.
Indonesia exculpa a una acusada de difamar por Internet
Un tribunal indonesio puso en libertad el martes a una mujer acusada de difamación por mandar un correo electrónico a sus amigos quejándose del trato recibido en un hospital privado, un caso que alimentó la indignación pública y la demanda de reformas legales.
El sistema legal impredecible en la principal economía del sudeste de Asia es considerado clave para disuadir la inversión y los críticos dicen que frecuentemente castiga a los más pobres y favorece a los más ricos y bien relacionados.
El caso penal contra Prita Mulyasari alcanzó mucha notoriedad, y miles de indonesios firmaron para dar su apoyo la mujer, madre de dos hijos, en sitios como Facebook.
"La acusada Prita Mulyasari no ha sido hallada culpable de difamación y es libre", dijo Arthur Harnewa, director de un comité de jueces, al tribunal de distrito de Tangerang, una zona situada al oeste de la capital, Yakarta.
Mulyasari se limpió las lágrimas al escuchar el veredicto, lo que llevó a un aluvión de aplausos en la sala.
"Gracias a Dios", dijo Mulyasari, que llevaba un pañuelo musulmán floreado.
La mujer había acusado al hospital internacional Omni de ser poco profesional en el tratamiento que le dispensaron contra una enfermedad que resultó ser paperas.
Sus correos privados a amigos circularon después en otros sitios de Internet, llevando al hospital a presentar un caso por difamación, en el que se le acusaba de dañar la reputación de los médicos.
Mulyasari fue multada con 204 millones de rupias (unos 14.700 euros) en un caso civil y luego afrontó un procedimiento penal por una controvertida ley aprobada en 2008 que podía haberla encarcelado por difundir falsas noticias online. Hubo colectas para pagar la multa, aunque luego el hospital retiró la demanda civil.
Todung Mulya Lubis, un destacado abogado y activista en defensa de derechos, dijo que la difamación debería ser excluida del código penal indonesio y señaló que el veredicto era un triunfo de la libertad de expresión.
"Si un tribunal la ha puesto en libertad, es porque el tribunal respeta la libertad de expresión", dijo.
Slamet Yuono, abogado de Mulyasari, indicó que su cliente estaba considerando una demanda civil contra el hospital si el centro no se disculpaba. No fue posible contactar de inmediato con la clínica.
Didiek Darmanto, portavoz de la Fiscalía General, dijo que ésta apelaría el veredicto porque los jueces "no aplicaron la ley como debieron".
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