Industria calcula que la luz podría subir un 2,7% en 2010

El Ministerio de Industria estima que la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz podría subir a partir de enero en torno al 2,7%, pero advierte de que el porcentaje final dependerá del resultado de la subasta entre comercializadoras del próximo 15 de diciembre, que marcará el coste de referencia de la energía.

En una nota aclaratoria, el departamento dirigido por Miguel Sebastián recuerda que en el cálculo de la tarifa final participan tanto las tarifas de acceso, que recogen la retribución a las infraestructuras eléctricas, como el coste de la energía, que se determinará a través de la subasta del 15 de diciembre.

Fuentes del sector indicaron que, en la propuesta remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se recoge una subida del 14,25% en las tarifas de acceso de la luz, el primero de los dos principales factores de la fórmula.

El cálculo de la revisión de la tarifa de acceso, que se realiza de forma anual, parte del propósito del Gobierno de que el déficit del sector eléctrico no supere en 2010 los 3.000 millones de euros.

En un informe reciente, la CNE indicó que la tarifa de acceso debería subir un 13,5% para evitar que se supere este límite de 3.000 millones, y un 17,9% en caso de que se apruebe el decreto para incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas.

Tras aplicar en junio la nueva fórmula de cálculo de tarifas, Industria decidió subir un 2,2% la TUR a partir de julio, en una medida que sucedió a la congelación de la revisión de abril y a la subida del 3,4% en enero. En enero también se tuvieron en cuenta, a través de la tarifa de acceso, los costes regulados del sistema.

El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC. Si en 2007 la subida fue del 2,98%, en 2008 registró un incremento del 9,08% (3,3% en enero y 5,6% en julio). En enero de 2009 se aplicó una subida del 3,4% y en julio, del 2%.

La TUR, que empezó a funcionar en julio, consiste en un precio regulado para los cerca de 24,9 millones de clientes, la mayoría de ellos domésticos, con potencias inferiores a los 10 kilovatios (kW). Los consumidores domésticos pueden elegir entre el mercado y esta tarifa, que para determinados colectivos (familias numerosas, tarifa social, familias con todos los miembros en paro y pensionistas) da derecho además al bono social.