La industria española quiere emitir CO2 sin pagar

La patronal española quiere que la industria nacional pueda emitir gases de efecto invernadero sin ningún coste. Para cumplir el objetivo de recortar un 20% las emisiones europeas de dióxido de carbono en 2020 tal y como se ha aprobado hoy en Bruselas, con el sistema de subasta de toneladas de CO2 planteado en un principio por la Comisión Europea, la industria española tendría que destruir más de 60.000 empleos y pagar más de 4.000 millones de euros, según un informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

A juicio de la patronal, el objetivo de la UE "se basa más en voluntarismo que en realismo", ya que para alcanzarlo sería necesario "parar fábricas" o comprar derechos de emisión a otros países, con la consiguiente pérdida de competitividad. La fórmula solicitada por la CEOE es "tonelada gratis y más inversión privada en investigación, desarrollo e innovación", según el secretario de medio ambiente de la patronal, Rodolfo Gijón.

La cumbre de jefes de Gobierno de la UE ha acordado hoy que los sectores industriales sin riesgo de deslocalizar sus fábricas se incorporen progresivamente al sistema de subastas hasta pagar el 100% de las toneladas emitidas en 2027. Sin embargo, los sectores industriales que, a causa del elevado coste de los recortes de emisiones, pudieran tener la tentación de llevar su producción a países con legislaciones medioambientales menos estrictas tendrán licencia gratuita para emitir.

Para la CEOE, no es suficiente. Según su estudio, elaborado por la consultora Garrigues, "si la actividad crece de acuerdo con los objetivos económicos, la escasez de derechos puede provocar un incremento del precio del CO2 suficiente como para cuestionarse si compensa producir, parar o incluso cerrar las fábricas". Los más afectados por la directiva europea de comercio de emisiones serían, según el documento, los sectores de ladrillos y tejas, y el de cemento y el siderúrgico, pero también sufrirían pérdidas las industrias química, papelera y de azulejos y baldosas.

El responsable de medio ambiente de la CEOE matiza estos resultados alarmistas: "Es cierto que no hemos tenido en cuenta otros sectores, como el de las energías renovables, así que no sabemos si la directiva creará más empleos de los que destruirá". El pasado martes, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, aseguró en el Congreso que el triple 20 aprobado por la UE -20% de reducción de emisiones, cuota del 20% de energías renovables y un 20% de eficiencia energética en 2020- servirá para "preservar y crear empleos".

En opinión de Gijón, las empresas que utilizan las mejores tecnologías disponibles -"la mayoría, debido al desarrollo tardío de España"- deberían poder contaminar gratis. "¿Por qué tendría que pagar la industria y no todos los ciudadanos, que son los que demandan los productos?", se pregunta.

Para el portavoz de la CEOE, el sistema de puja por las emisiones es "un trasvase de fondos de lo privado a lo público para que los funcionarios se ahorren trabajo", ya que el Gobierno se librará de elaborar el complejo Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión.

Las ONG ecologistas tienen una opinión muy diferente. A juicio de la portavoz de Greenpeace Aida Vila, el sistema de subastas debería ser irrenunciable, pero "Europa ha puesto el carbón por delante del clima". "Los que deberían pagar por emitir CO2 se van a librar por el miedo a que la industria europea pierda competitividad", alerta.