Interior crea grupos en la cárcel para espiar a terroristas

Tipo de dieta, apariencia física, consumo de sustancias estupefacientes, aparatos electrónicos en su poder, nivel cultural, conocimiento de idiomas, prendas de vestir y artículos de higiene que usa, qué lee, pegatinas y pósters que tiene... El Ministerio del Interior puso en marcha el pasado mes de agosto grupos de espionaje en las cárceles para someter a un control exhaustivo a determinados presos, principalmente etarras y yihadistas.

Así aparece recogido en un documento "confidencial" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fechado el pasado 31 de julio, al que ha tenido acceso Público y que bautiza a dichos grupos como "de control y seguimiento de internos". Según el texto, lo que ha llevado al departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba a crearlos es "la aparición de nuevas formas de delincuencia organizada y, especialmente, la irrupción en la esfera internacional, y en particular en España, de fenómenos terroristas de corte religioso (...). Este nuevo fenómeno terrorista debemos combatirlo desde todos los frentes posibles y entre ellos está el frente penitenciario".

Instituciones Penitenciarias los justifica en la amenaza islamista

Sin embargo, el objetivo de los nuevos "grupos de control", integrados por funcionarios de prisiones, no se limita a los islamistas radicales encarcelados. El propio documento recoge que esta estrecha vigilancia se ha hecho extensiva a integrantes de ETA, de los Grapo y de bandas de delincuencia organizada.

Para ello, entre las "funciones" que Interior asigna a estos grupos, incluye el control de todas las actividades de los reclusos sometidos al mismo, desde su "participación en actividades culturales, deportivas, educativas y religiosas", hasta sus "relaciones con otros internos" sean o no éstos integrantes de grupos terroristas. Los funcionarios deben elaborar fichas de cada uno estos presos en las que se detalle la dieta que sigue, si cambia su aspecto físico, si pide cambios de celda, cuáles son sus relaciones familiares, si tiene familiares encarcelados también por delitos de terrorismo y un largo etcétera.

Registro de celdas

Para ello, el documento faculta a estos funcionarios de prisiones a registrar exhaustivamente sus celdas y controlar cualquier detalle que aparezca en las mismas: desde las publicaciones en su poder de las que deben anotar "títulos y autores de las mismas, posibles anotaciones manuscritas en libros, revistas, periódicos, hojas más desgastadas por el uso o marcadas" hasta las prendas de vestir que tiene y los artículos de higiene y limpieza que posee. Los autores llegan incluso a pedir que se tome nota de "frases manuscritas en el panel de corcho o en cualquier otro lugar de la celda" y que se registren los barrotes.

Control sobre el gasto personal

El documento abre también la puerta a extremar la vigilancia sobre las comunicaciones orales, escritas y telefónicas a la que ya se somete bajo control judicial a estos presos, y se hace especial hincapié en el registro minucioso de los paquetes postales que reciban o envíen "para detectar la posible introducción de documentación o notas manuscritas ocultas". Incluso, se somete a una revisión permanente su peculio cantidad de dinero del que pueden disponer en prisión y en qué lo gastan en el economato del centro.

Toda esta información es volcada, según detalla el documento, en una base informática de acceso restringido con dos niveles de acceso. Al más restringido sólo tienen acceso aquellas personas autorizadas por la propia secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y su número dos e impulsor del proyecto, Virgilio Valero.

El documento

La justificación
“Las medidas de seguridad previstas actualmente (...) pueden y deben mejorarse con el apoyo de otras medidas de control y seguimiento a determinados internos pertenecientes a organizaciones criminales”. Con estas líneas, el número dos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Virgilio Valero García, justificaba en la instrucción 04/08, fechada el pasado 30 de julio, la creación de los “grupos de control y seguimiento”.

Dieciséis páginas
El protocolo, cuya “confidencialidad” es remarcada en todas y cada una de las dieciséis páginas de las que consta, marca las líneas maestras y la “hoja de ruta” de dichos grupos de espionaje. En él, sus autores detallan la composición de los mismos, así como sus “funciones”, “metodología” y “relaciones y contactos” con otros funcionarios.

Jefe y tres funcionarios
El proyecto fija que dichos grupos “actuarán bajo la dirección, impulso y coordinación del director del Centro Penitenciario y del subdirector de Seguridad” y que estarán formados por “un responsable, preferentemente un jefe de Servicios” y “dos o tres funcionarios”. Todos ellos, destaca el documento, deben ser voluntarios.

Un Grupo central
El proyecto fija la creación de un Grupo central “para la centralización, recepción, seguimiento y transmisión de la información generada” por los grupos en cada prisión. Éste será también el órgano encargado de realizar el “intercambio de información” con Policía, Guardia Civil, Policías autonómicas y el Centro Nacional de Coordinación Antiterroristas (CNCA).