Las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales han denunciado públicamente este sábado la decisión adoptada por la Delegación de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias de impedir a 24 jueces y cinco fiscales la entrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 'Barranco Seco' de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta visita, prevista para el 9 de mayo y que 'se comunicó con más de 30 días de antelación', tenía como objetivo comprobar las 'condiciones del centro y de las personas que se encuentran detenidas en él' con autorización judicial, ya que los juzgados de guardia del territorio nacional pueden autorizar el internamiento en CIE para la expulsión de inmigrantes 'en situación administrativa irregular'.

En la actualidad hay siete centros en funcionamiento, por lo que muchas autoridades judiciales 'no han tenido otra ocasión' de conocer desde dentro estos lugares a los que remiten a personas detenidas, 'en ocasiones a cientos o miles de kilómetros de distancia del juzgado que autorizó el internamiento'.

A juicio de estas dos asociaciones, la decisión 'inmotivada' de 'denegar la autorización' para esta visita ha constatado una 'quiebra del principio de confianza' y una 'falta de respeto' al poder judicial, al ministerio fiscal y a las instituciones públicas organizadoras.

También ha representado una concepción 'poco democrática' de los derechos humanos y una 'deriva autoritaria frente al principio de transparencia' de la administración, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del control judicial de los derechos, en especial de los de las personas privadas de libertad. 'Dicha decisión contribuye a crear razonables sospechas sobre el grado de aplicación de la ley en el interior de estos centros', han concluido.