Interior sigue sin explicar a la familia de Yolanda por qué contrató a su asesino

Emilio Hellín Moro asesinó en 1980, junto a Ignacio Abad, a la joven estudiante de 19 años Yolanda González en lo que fue uno de los crímenes que más agitó la época de la transición española.

33 años después, Hellín ha dejado atrás su pasado como asesino del Batallón Vasco Español y  también su nombre de pila, según desveló una investigación del diario El País. Así, el próximo 4 de julio, Luis Enrique Hellín comparecerá en el juicio a José Bretón por el asesinato de sus hijos Ruth y José. Lo hace en calidad de perito informático después de que la familia de los niños encargara a su empresa, New Technology Forensics, el análisis del teléfono móvil de Bretón para recuperar los datos que éste borró el día de los hechos.

Pero Hellín no ha trabajado sólo como perito contratado por particulares, sino que estuvo empleado en varias ocasiones por el Ministerio del Interior, la Ertzaintza y los Mossos d'Escuadra, dando cursos a los agentes y colaborando en varias investigaciones. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de varios gobiernos de la democracia contrataron sus servicios como experto en técnicas de espionaje y rastreo informático.

"Está en su derecho la madre de los niños, pero una cosa es que él utilice sus conocimientos técnicos para actuar como perito de parte privada y otra que el Estado contrate a un terrorista", ha criticado José Mariano Benítez Lugo, abogado de la familia de la joven estudiante asesinada.

Sin explicaciones

"No se puede tolerar que el Estado contrate a un terrorista"Hasta ahora, el Ministerio de Interior no ha dado ni una explicación a la familia de Yolanda sobre la contratación del asesino de su hija. Así lo ha confirmado el letrado, quien sostiene que no se pueden oponer a que Hellín ejerza como perito en el caso Bretón, como actividad privada, pero ha precisado que lo que no se puede tolerar es que "el Estado contrate a un terrorista".

El letrado de la familia de Yolanda González insiste en que no ha recibido ninguna respuesta sobre la investigación a la que el Ministerio de Interior se comprometió tras conocer estos hechos. Además, su pretensión es que el Estado reclame a Hellín la cantidad que éste tenía que pagar a los familiares de la víctima, pero a la que renunciaron al cobrar la indemnización como víctimas del terrorismo.

"Lo cierto es que, entonces, el Estado se subroga en esa posición, y hace dejación de sus derechos y de sus funciones si no intenta cobrar eso", ha apuntado.

Benítez de Lugo explica que, primero, intentaron agotar "la vía amistosa" en este caso, ya que pidió una entrevista con los Ministerios de Interior y de Justicia. Tras señalar que el director de gabinete de Interior entendió que era "escandaloso que los Cuerpos de Seguridad del Estado contrataran a un asesino terrorista", ha añadido que "prometió una investigación posterior" porque la noticia "les había pillado de sorpresa"

"Yo les envié la sentencia y todo lo que pudiera ser relevante para ello y, hasta ahora y eso fue aproximadamente en marzo, no sé si la investigación que está haciendo el Ministerio de Interior es tan compleja que no le permite dar noticias ahora sobre ello o que prefiere no darnos información sobre lo sucedido", ha destacado a Europa Press.

"No sé si la investigación del Ministerios no le permite dar noticias o  prefiere no darnos datos sobre lo sucedido" Sin embargo, el abogado no pierde "la esperanza en que se pueda abrir alguna vía" y ha recordado que, "entre otras cosas, está el tema de la responsabilidad civil". En este sentido, ha recordado que a Emilio Hellín se le condenó a más de 43 años de cárcel por asesinato y secuestro de González, y al pago de seis millones de pesetas a la familia.

Los padres de la estudiante bilbaína tuvieron que renunciar a la responsabilidad civil porque recibieron indemnización como víctimas del terrorismo. En esta línea, Benítez de Lugo ha indicado que "lo paradójico es que, no sólo no intenta cobrar eso, sino que, encima, le paga a Hellín por sus servicios".

A su entender, "habría ese aspecto económico en el que el Estado no puede hacer dejación en reclamar el importe del que se ha subrogado respecto a la posición de los padres de Yolanda". "Si él ha pagado a los padres de Yolanda por ese concepto, el Estado no debe