Irene Villa, que sufrió un atentado de ETA en 1991, cuando tenía 12 años, se ha referido hoy a la expulsión ayer de la Audiencia Nacional de la familia de una víctima del terrorismo que reclamaba que se juzgara a su supuesto asesino y ha dicho que "el dolor de una víctima no prescribe".

"El que lo ha hecho lo tiene que pagar, pasen los años que pasen", ha dicho Villa en relación a lo ocurrido durante el juicio por el asesinato en 1982 del delegado de Telefónica en San Sebastián Enrique Cuesta y su escolta, Antonio Gómez, y que hoy es el principal tema de conversación entre los asistentes en Salamanca al VI Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, expulsó de la sala de vistas en la que se juzgaba a José Antonio Zurutuza a los familiares del director de la empresa "Moulinex" José María Félix Latiegui (Guipúzcoa), asesinado en 1981 supuestamente por el procesado, por exhibir pancartas y exigir que se juzguen estos hechos, que la Audiencia Nacional ha considerado prescritos.

El incidente está hoy en boca de todos los asistentes al Congreso, que piden de forma unánime que los delitos de terrorismo no prescriban y que sean considerados crímenes de lesa humanidad.

"Es muy doloroso que prescriban", ha repetido Irene Villa, que afirma que ella puede pasar por una situación similar dentro de poco.

"Cuando sufres un atentado -continua- siempre se queda un trozo de tu corazón cercenado, aunque llega un momento en que aprendes a convivir con ello, pero con la injusticia no puedes vivir porque es algo que se clava en tu corazón, algo más doloroso".

También Mapi de las Heras, viuda del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, ha subrayado la importancia de seguir luchando para que los crímenes terroristas no prescriban: "Es una de nuestras grandísimas batallas".

Su opinión es compartida por la vicepresidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, que recuerda llevan ya dos años pidiendo que los delitos de terrorismo sean considerados de lesa humanidad y no prescriban.

"Nos ponemos en su lugar (de la familia Latiegui), porque es totalmente injusto", ha manifestado Pedraza.

Lourdes Rodao, viuda del brigada Luis Conde, fallecido en Santoña en septiembre de 2008, también incide en lo "doloroso" que ha sido lo ocurrido ayer, igual que María Olvido del Valle, viuda de un guardia civil víctima de ETA que se lamenta porque le puede ocurrir lo que a los Latiegui, ya que 31 años después los asesinos de su marido "no han aparecido todavía".

"Me parecería muy mal que no les condenarán, a nosotros nos han condenado", dice.