IU plantea gravar hasta con un 90% los sueldos de altos ejecutivos

Cayo Lara anunció la propuesta a finales de marzo, en la VIII Asamblea de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Y desde entonces no ha parado de repetirla. En los últimos días, en su reunión con el presidente del Gobierno en la Moncloa y, el martes, en Tengo una pregunta para usted, en TVE. Hace falta imponer "un techo por arriba" en los salarios de los altos ejecutivos. Es decir, un salario máximo interprofesional, igual que existe hoy un sueldo mínimo, con la idea de que soporten la crisis también "los que se han forrado" en la época de bonanza.

En marzo, el coordinador general de IU se dio un mes para concretar la receta. Su equipo económico, comandado por José Antonio García Rubio, ya la tiene lista y la presentará la semana próxima.

IU pretende moralizar la vida económica con medidas fiscales

Público ha podido conocer los detalles. IU pretende, según relata un dirigente muy próximo al líder, que los ejecutivos que cobren un salario más de cinco veces por encima del sueldo más bajo de la empresa abonen un fuerte impuesto. La cantidad que exceda esas cinco veces el salario mínimo estaría gravada hasta con un 90%.

En la federación, ofrecen este ejemplo, que creen se ajusta a la media del país: si la paga de la persona que menos recibe en una compañía, a tiempo completo, es de 800 euros al mes, entonces todo aquel que perciba más de 4.000 euros tendrá un impuesto extra. El que se quede en el límite, en los 4.000, pagaría el tipo actual.

Medida limitada

Si la paga más baja es de 800 , quien gane más de 4.000 sería penalizado

IU no ha diseñado una medida universal. De aplicarse, afectaría sólo a aquellas empresas que están recibiendo ayudas del Estado (bien avales o bien a través del Plan E de impulso a la economía) y las que llevan a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Se persiguen así dos objetivos, precisan en la dirección. Uno, que se introduzcan "criterios de moralización en la vida económica, ausentes en los últimos años", de austeridad y control. Y dos, que los ejecutivos en buena medida "responsables" de la gestación y agravamiento de la crisis "arrimen el hombro", para que no sólo paguen la recesión los trabajadores.

A la hora de perfilar la propuesta, IU también barajó la posibilidad de fijar por ley, por la vía directa, un salario máximo. Lo descartó, ya que el PSOE rechazó en noviembre, en la Comisión de Trabajo del Congreso, una moción aún más genérica, que demandaba "imponer topes salariales para cargos de dirección o altos ejecutivos no sujetos a convenio".

La diputada Isabel López Chamosa utilizó entonces el argumento de que "es la negociación colectiva la que se debe encargar de regular esos salarios y de poner trabas a que los directivos sigan haciendo de su capa un sayo". La justificación de los socialistas hizo a IU explorar el camino de la fiscalidad para que las empresas "se movilizaran y concienciaran". En la práctica, juzgan en la cúpula de IU, se "consiguen los mismos resultados".

En la ejecutiva de la federación no se atreven a adelantar cifras, ni de posible recaudación del Estado ni de volumen de compañías y cargos afectados. "Hay un batiburrillo estadístico que no controla ni el Gobierno subrayan fuentes de IU. Los ERE los firman, según los casos, las comunidades o el Ministerio de Trabajo. Del caudal de ayudas públicas tampoco hay datos cerrados".