La Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha) defenderá este martes ante el Pleno del Congreso una proposición de ley para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal en la que, entre otras medidas, limita a 1.000 euros las transacciones en efectivo, pone obstáculos a las amnistías fiscales y plantea que los administradores o representantes de personas jurídicas o entidades sean considerados por defecto colaboradores de cualquier infracción tributaria, 'salvo prueba en contrario'.

Según la iniciativa, que firma el portavoz económico del grupo parlamenario, Alberto Garzón, es necesario mejorar la seguridad jurídica en la lucha contra el fraude fiscal, que en el caso español es 'uno de los más elevados de la Unión Europea'. Por ello, la propuesta legislativa incluye una serie de cambios de carácter técnico en la Ley General Tributaria que persiguen 'potenciar la ratio de deudas cobradas, mejorar la seguridad jurídica y la eficacia de las medidas cautelares y evitar la dilación en el procedimiento recaudatorio'.

Para conseguirlo, la proposición  plantea que 'se presumirá, salvo prueba en contrario' que tanto las personas que figuran como administradores de una persona jurídica o como representantes de las entidades reguladas' en la Ley Tributaria como quienes intervengan en la formalización de un negocio jurídico en calidad de representantes de una de las partes tienen la 'condición de causante o colaborador activo' de las infracciones tributarias.

Asimismo, Garzón plantea que se amplíe la responsabilidad tributaria a las costas del procedimiento administrativo y que, en caso de responsabilidad subsidiaria por contratas o subcontratas, se extiendan estas obligaciones a los 'tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a los trabajadores por parte de las personas o entidades que hayan subcontratado la ejecución de obras o prestaciones de servicios al primer subcontratista cuando se aprecie que la doble subcontratación tiene como finalidad eludir la responsabilidad'.

El diputado malagueño, pide también que se reduzca de doce a seis meses la vigencia de los certificados que acreditan que se está al corriente de pago con la Agencia Tributaria, y que se iguale el plazo de prescripción administrativa y penal en cinco años ─frente a los cuatro actuales─ el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar deudas tributarias liquidables, para exigir su pago y para solicitar y obtener las devoluciones de ingresos indebidos. Este periodo se duplicará hasta los diez años cuando la cuantía defraudada exceda de los 600.000 euros, cuando la defraudación se haya cometido por una organización o grupo criminal o cuando haya dificultades para determinar la cuantía, el patrimonio o el responsable del fraude por el uso de personas interpuestas, instrumentos fiducidiarios o paraísos fiscales.

La proposición critica por otra parte el procedimiento de regularización fiscal extraordinaria ─la amnistía fiscal─ por considerarla 'injusta' con los contribuyentes que cumplen sus obligaciones y por 'enviar el mensaje equivocado a la sociedad'. Además, alega que la amnistía aprobada el año pasado 'no puede ser considerada positiva ni siquiera desde la perspectiva de las cantidades que se pudieron recaudar' o desde el punto de vista de su transparencia.

Por ello, se plantea la inclusión de un nuevo apartado en la Ley General Tributaria para que este tipo de decisiones sólo puedan aprobarse a través de una ley orgánica, es decir, por mayoría cualificada de las Cortes Generales, y que se aplique con carácter general la regla de que 'no implique una ventaja fiscal' para los defraudadores sobre el resto de contribuyentes.

En este sentido, se precisa que estos procedimientos deberían poder eximir de la exigencia del pago de intereses de demora y de los recargos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo pero 'en todo caso se exigirá el cobro de las cuotas defraudadas conforme a la legislación vigente' en el momento del devengo. Asimismo, se sugiere un 'inexcusable mecanismo de transparencia' en virtud del cual el Gobierno deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la identidad de los beneficiarios de la amnistía fiscal, de las cantidades declaradas y de la deuda tributaria resultante en un máximo de tres meses.

Para el procedimiento del año pasado, la Izquierda Plural exige que en el plazo máximo de un mes se publiquen en el BOE la identidad, cantidades declaradas y cuota tributaria autoliquidada en dicha amnistía fiscal, que se permita al personal de la Agencia Tributaria el acceso a esta información y que en el plazo de un año se realice una comprobación e investigación del origen de los 40.000 millones aflorados 'para evitar que se estén blanqueando capitales de procedencia ilícita'.

En el resto de la propuesta se incluyen otras medidas como limitar a mil euros la cantidad máxima de pago en efectivo, que el Ejecutivo ya fijó en 2.500 euros hace unos meses. IU-ICV también propone elevar la sanción en caso de incumplimiento del 25% actual al 50% de la cuantía abonada y se elimina el 'generoso límite de 15.000 euros para realizar pagos por parte de no residentes'.

También se plantea habilitar a la Agencia Tributaria a disponer sobre los bienes muebles (y no sólo sobre los inmuebles) de una sociedad sometida a un embargo preventivo, y se exige al Ejecutivo que cuantifique el nivel de fraude con la colaboración de expertos independientes que, periódicamente, deberían presentar un informe sobre economía sumergida y fraude fiscal y laboral a las Cortes y a los parlamentos autonómicos.

En cuanto a los cambios en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se pide reservar el método de estimación objetiva de rendimientos a las actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final, y a las personas cuyos rendimientos íntegros en el conjunto de sus actividades económicas el año anterior no superara los 150.000 euros (frente a los 450.000 actuales) o los 100.000 euros si se trata de actividades agrícolas y ganaderas (frente a los 300.000 euros actuales). En la misma línea, se plantea no poder usar el método de estimación directa cuando el volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, supere los 100.000 euros, un tercio de la cantidad máxima permitida hoy por hoy.

En relación con la Agencia Tributaria, se exige integrar el Cuerpo Técnico de Hacienda, el Cuerpo de Auditoría y Contabilidad y el Cuerpo de Gestión Catastral en un único Cuerpo de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y habilitar a los 8.500 expertos para realizar funciones superiores a las que actualmente tienen encomendadas, revisando sus condiciones de trabajo y responsabilidades.

Para luchar contra el fraude internacional, la Izquierda Plural insta al Ejecutivo a procurar el acuerdo con la OCDE para la obtención automática de información mercantil o tributaria de las personas y empresas residentes en España que operan o son titulares de actividades, bienes o derechos en el exterior, y también de quienes tienen bienes o derechos en paraísos fiscales.

También reclama que se trabaje para suprimir las 'prácticas abusivas' que cometen las grandes corporaciones trasnacionales para 'reducir la factura fiscal internacional' y se exige que el Gobierno acuerde con las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan fuera de España y tienen filiales en territorios de baja o nula tributación la obtención de información sobre estas personas.