IU y ERC llevarán la cruz cristiana al pacto educativo

IU reclamará al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, la retirada definitiva de toda simbología religiosa de los centros educativos españoles, y no sólo de los públicos: también de los concertados católicos. Desde IU defienden que "una entidad [como la Iglesia] que decide concertarse con el Estado debe asumir su legislación y su ideario". Esto es, que un centro que pagan todos los españoles comparta los valores comunes de estos y no los propios de una sola confesión.

La próxima semana, el coordinador general de IU, Cayo Lara, se reunirá con sindicatos y otras asociaciones cívicas relacionadas con la enseñanza para consolidar sus reivindicaciones de cara el pacto educativo. Allí, los representantes de la red Europa Laica y del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza insistirán en la necesidad de imponer la salida de los crucifijos "de las aulas y del horario escolar".

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, comparte que llevar el tema de los crucifijos al pacto educativo es "la única salida" a la situación. "No podemos permitir que el Gobierno duerma las cosas en la comisión Constitucional, tenemos que enganchar a Gabilondo", defiende Tardà, consciente de que la vía que podría abrir la Ley de Libertad Religiosa está ahora congelada por el propio Ejecutivo.

Aunque ERC considera que también deberían retirarse las cruces de los colegios concertados, prefiere ir poco a poco: "Hay que ganar este debate primero: o conseguimos esto, o no avanzamos".

"Tenemos que enganchar al ministro Gabilondo",ilustra Joan Tardà

La sentencia del martes del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la obligación de retirar los crucifijos de los colegios públicos italianos traerá además consecuencias jurídicas y sociales.

La sentencia de noviembre de 2008 que obligaba a retirar los crucifijos de un colegio de Valladolid animó a muchos padres a dar el mismo paso. Un año después, desde Europa Laica calculan que todavía uno de cada cinco colegios públicos mantiene algún tipo de simbología religiosa, ya sea en aulas, despachos u otras dependencias.

"Es casi imposible de cuantificar; sobre todo se mantienen en pequeñas poblaciones o en regiones más tradicionales, donde trae muchos problemas pedir que quiten una cruz", opina el presidente del colectivo, Francisco Delgado.

Las asociaciones laicas van a movilizar a todas sus delegaciones para que entren en contacto con redes de padres y profesores que señalen aquellos centros que mantienen símbolos católicos en sus instalaciones.

Las asociaciones de jueces creen que la sentencia "tendrá consecuencias"

El objetivo será luego reclamar que se retiren estos símbolos. "No es imprescindible pertenecer a la comunidad educativa de un centro para pedir la retirada de sus crucifijos, se trata de un derecho fundamental recogido en la Constitución", recuerda Delgado.

Además, Europa Laica está confeccionando un documento, que remitirá en breve tanto al Ministerio de Educación como a las distintas consejerías del ramo, en el que recoge todas las razones jurídicas leyes y sentencias por las que las administraciones deberían tomar la iniciativa en la búsqueda y retirada de crucifijos. "Les sacaremos los colores", promete Delgado.

Por último, aunque el fallo de Estrasburgo sólo fija una exigencia para el caso italiano, las asociaciones que representan a los juristas españoles coincidían ayer en subrayar su importancia. "Ningún tribunal español podrá obviar esta sentencia y, si se aparta de su doctrina, tendrá por delante la difícil tarea de justificar por qué lo hace", advierte Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Sexmero señala que, al ser varias las sentencias emitidas en ese sentido por distintos tribunales, "en cuanto esté consolidado el criterio, obligará moralmente a los Gobiernos" a tomar la iniciativa.

"Los jueces españoles no tomamos decisiones sin contar con Estrasburgo"

La Asociación Profesional de la Magistratura asegura que un fallo como ese "debe ser tenido muy en cuenta" por los tribunales españoles. "Los jueces españoles no tomamos decisiones sin contar con Estrasburgo", sostiene su portavoz, Antonio García.

Su homólogo del Foro Judicial Indepediente, Conrado Gallardón, cree que la resolución "tendrá consecuencias" en los juzgados españoles. "Pero queda por abordarse el debate de si las escuelas concertadas deberían asumir el ideario aconfesional del Estado", propone Gallardón.