Los japoneses latinos se sienten discriminados

"Se habla español". El pequeño cartel escrito a mano pasa casi desapercibido en el silencioso barrio de casitas bajas que se extiende al norte de la estación de tren de Kawasaki, conocida como una de las capitales tecnológicas de Japón. Pero por los zapatos que se acumulan en la entrada y las fotografías de manifestaciones callejeras enganchadas a la puerta , el local alberga mucha vida.

Aquí están las oficinas del Sindicato de Trabajadores de Kanagawa, la prefectura industrial del sur de Tokio, con ciudades como Yokohama y Kawasaki, que cada año atiende a centenares de inmigrantes latinoamericanos de ascendencia japonesa llegados para trabajar en las fábricas de componentes de grandes empresas de la zona, como Toshiba, Canon o Nissan.

"Muchos acuden a nosotros porque no han cobrado indemnización por despido o trabajan sin seguro en caso de accidentes laborales", explica Sakurai, veterano del sindicato, en un español con marcado acento argentino. Sakurai, hijo de una familia de emigrantes japoneses en Buenos Aires, llegó a Japón hace 25 años para trabajar en una fábrica de componentes electrónicos para automóvil cerca de Kawasaki, aprovechando el boom de la economía japonesa y la relajación de las leyes de inmigración.

En 1990, el Gobierno japonés legalizó el estatus de los trabajadores "invitados" de origen japonés, los nikkeijin, provocando la oleada de inmigrantes de Latinoamérica, en especial de Brasil y Perú, los países con mayor comunidad de origen nipón. En el siglo XIX hubo una emigración japonesa sustancial a Suramérica.

Hoy viven en el archipiélago oriental cerca de 70.000 peruanos y más de 300.000 brasileños. Sin embargo, la mayoría siguen siendo víctimas de una grave discriminación social y laboral por su escaso dominio del idioma y las dificultades de integrarse en la cerrada sociedad nipona, que les ve como "extranjeros con rostro japonés".

Cerca de 70.000 peruanos y 300.000 brasileños viven hoy en Japón

Sakurai recuerda la primera vez que acudió al sindicato. Fue hace 11 años. La empresa para la que trabajaba decidió jubilarlo anticipadamente sin pagarle indemnización o subsidio alguno. Tenía 58 años y en la fábrica había muchos japoneses por encima de la edad de jubilación. "Fue un caso de clara discriminación", dice.

Tras acudir al sindicato, fundado en los años setenta para atender a los inmigrantes coreanos, Sakurai fue reinsertado en la empresa con "plenos derechos", asegura. A pesar de su aspecto asiático y los esfuerzos por aprender el idioma durante estos años, Sakurai aún habla japonés con acento.

La situación de los trabajadores temporales latinoamericanos ha empeorado con la crisis, con cierres y despidos masivos llevados a cabo por decenas de proveedores de las grandes empresas del sector electrónico y automovilístico. La presión por recortar costes aceleró la proliferación de contratos ilegales, sin seguridad social, remuneración de horas extras o subsidios al de-sempleo en caso de despido. La situación ha explotado con la crisis: "Un periodo bravo, bravo", dice Sakurai.

Tokio indemniza a los inmigrantes que quieran volver a su país de origen

Los despidos ilegales en masa han dejado a muchos inmigrantes sin ningún tipo de ingreso y con problemas de vivienda tras perder el permiso de trabajo y el apartamento que les proveía la empresa. En un intento por solucionar la situación, el Gobierno japonés se comprometió a pagar entre 3.000 y 4.000 euros a aquellos extranjeros que decidieron regresar a su país bajo la condición de no volver a Japón. Según estimaciones del Banco Central de Japón, no más de 30.000 personas aceptaron la propuesta. "¡Cómo la van a aceptar, si sólo sirve para pagar el pasaje de avión!", exclama Satoshi Murayama, fundador del sindicato, en cuya sede reina un caos absoluto de papeles y archivos.

Japón, con un grave problema de envejecimiento de la población, tampoco puede permitirse una fuga de inmigrantes aunque sólo representen un 1,7% de la población total del país. Según la ONU, Japón necesitará 17 millones de inmigrantes en 2050 para mantener la producción y compensar la disminución de un tercio de su población.

"Espero que el nuevo Gobierno socialdemócrata mejore los derechos de los inmigrantes", dice Murayama. Su imagen de samurai, con una cinta en la cabeza y pelo canoso recogido en una coleta, aparece en las fotografías de las manifestaciones organizadas por el sindicato en los últimos años. "En Japón hemos descubierto que las protestas sindicales pueden ser pacíficas", concluye Sakurai.