Juan Antonio Roca, condenado a 11 años de cárcel por el 'caso malaya'

La esperada sentencia del caso Malaya, el saqueo premeditado y organizado del Ayuntamiento de Marbella, se ha conocido este viernes, tres años después de que comenzara el juicio y más de siete de que estallara el escándalo. Casi todos los acusados han sido encontrados culpables; sobre todo los más mediáticos y conocidos. Sin embargo, en general las penas impuestas han sido notablemente inferiores a las que solicitaba el fiscal.

El principal cerebro de la trama, Juan Antonio Roca ha sido condenado a 11 años de prisión y 240 millones de multa. El tribunal de la Audiencia Provincial de Málaga que ha dictado sentencia, considera probado que Roca, que se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de prisión, ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto. Aunque se le imputan dos delitos de cohecho pasivo para acto injusto, por los que se les ha impuesto sendas penas de 2 años y 1 año de prisión, el presidente de la Sala, José Godino, ha explicado que el segundo queda incluido en el primero de la misma naturaleza.

La hija y la mujer de Roca han quedado absueltas del delito que se les acusaba. El único familiar suyo que ha sido condenado ha sido su cuñado, Antonio Jimeno Jiménez, a quien ha correspondido una pena de 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1,2 millones de euros, por delito de blanqueo de capitales.

La sala también ha dictado sentencia para otros 83 procesados. Entre ellos, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado a 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación. Muñoz, que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, se enfrentaba en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión. 

La exteniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos también ha recibido su castigo: ha sido condenada hoy a 4 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concurso. La Fiscalía pedía 12 años de cárcel para ella, que fue considerada el "azote" del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.

Para Julián Muñoz, actualmente en prisión por otra causa, el fiscal  pedía 16 años de cárcel;  al final su condena se queda en dos años

Otra que tampoco se ha librado de una pena de cárcel ha sido la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, condenada a 6 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo, alteración del precio de concursos. La Fiscalía había solicitado una pena de 16 años de cárcel para Yagüe, que gobernó en Marbella entre 2003 y 2006, tras prosperar la moción de censura contra Julián Muñoz.

Otro de los condenados es quien fuera mano derecha de Jesús Gil y Gil y teniente de alcalde de marbella, Pedro Román, condenado a cuatro años de cárcel y abonar una multa de 2,5 millones de euros. También la abogada Montserrat Corulla, presunta testaferro de Roca, ha sido condenada por blanquear dinero a cuatro años y a una multa de 30 millones.

Tomás Reñones, exfutbolista que jugó durante años de lateral derecho en el Atlético de Madrid de Jesús Gil, y luego exconcejal de Deportes de Marbella, ha sido condenado a 4 años de cárcel por delitos de cohecho y fraude, así como al pago de una multa de 320.000 euros.

En cuanto a los principales empresarios procesados en el caso, también han sido condenado a penas que suponen importantes rebajas respecto a la petición fiscal y, en algunos casos, han sido absueltos de los delitos que se les imputaban.

Los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentaban a sendas peticiones fiscales de 22 años de cárcel y multas de 23 millones de euros, han sido finalmente condenados a 6 años, 3 meses y 1 día de prisión y a multas de 4,7 millones de euros cada uno de ellos.

Al promotor granadino José Ávila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, se le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros, condena que dista de los 10 años de cárcel y 55 millones de euros que solicitaba la Fiscalía en sus conclusiones definitivas.

Por su parte, el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, ha sido condenado a seis meses de cárcel, mientras que los empresarios Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaban.

La sentencia también ha supuesto una sustancial rebaja de penas para los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruis Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón —que afrontaban peticiones fiscales de 7 años de prisión y multas de 8 millones—, que han sido condenados a 3 años de cárcel y una multa de 2,2 millones cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude. Además, el Tribunal ha impuesto una pena de ocho meses de prisión al expresidente Sevilla FC José María González de Caldas por un delito de cohecho, frente a los 2 años solicitados por el ministerio público.

La investigación permitió desarticular la mayor trama de corrupción descubierta hasta la fecha en un ayuntamiento español (Marbella) y que cuenta con 95 procesados, se dará a conocer hoy, una resolución judicial que supera los 5.000 folios.

El procedimiento, que supuso en abril de 2006 la disolución del Ayuntamiento —una medida inédita en la historia democrática—, llevó al banquillo además a exconcejales, conocidos abogados y empresarios de sectores tan dispares como la construcción o los toros.

La sentencia empezó a conocerse en lectura pública a partir de las 11.00 horas, tres años después del comienzo del macrojuicio de este caso y casi ocho desde el inicio de la investigación. Tan solo los hechos probados suman cientos de páginas de la sentencia, y otros tantos los fundamentos jurídicos. La sentencia ha dictada por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald.

El entramado gira alrededor de Roca, que supuestamente tenía una posición de dominio sobre la Corporación local pese a no ser cargo electo y que afronta la petición fiscal más alta, 30 años de prisión.

El juicio, que necesitó de 199 sesiones en las que declararon unos 400 testigos y peritos, quedó visto para sentencia en julio de 2012.

Al término de la vista, el fiscal encargado del caso, Juan Carlos López Caballero, pidió una sentencia "ejemplar" contra la corrupción y el presidente del Tribunal, el magistrado José Godino, prometió que sería "justa sin necesidad de ningún calificativo" y con absoluta "independencia e imparcialidad".