Las asociaciones de jueces han pedido hoy a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que pruebe las acusaciones que hizo ayer sobre supuestas escuchas ilegales a dirigentes del Partido Popular de manera formal presentando una denuncia ante los tribunales o que rectifique sus palabras.

Cospedal denunció ayer en una entrevista con Efe que se estaban produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su partido.

Las asociaciones de jueces consultadas por Efe han criticado que la secretaria general del PP desvelara estos hechos en los medios de comunicación y no a través de una denuncia formal en los tribunales.

"Es una denuncia absolutamente gratuita que mancha a una institución del Estado", ha dicho el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, que ha pedido a Cospedal que rectifique sus palabras y denuncie los hechos ante la Justicia.

En este sentido, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha calificado de "gravedad inusitada" que la secretaria general del PP se refiriera a España como un "Estado policial" que lleva al Gobierno -según dijo- a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, que ha calificado las declaraciones de "torticeras" y "falsas", y ha instado a Cospedal a que presente pruebas o se retracte.

"Lo que no puede hacer un responsable político es soltar unos hechos criminales que suponen una calumnia sin presentar pruebas en los juzgados y tribunales correspondientes", ha apuntado.

Las asociaciones de jueces coinciden en que siempre que se intervienen conversaciones telefónicas hay un juez "que vela por la pureza, necesidad y proporcionalidad" de la misma.

"Si se acusa a los jueces, al Ministerio Fiscal o a la Policía, la verdad es que desconocen el procedimiento porque ninguno de ellos podría intervenir sin la autorización judicial", ha apuntado Gimeno, que ha criticado que se haya deslegitimado al Poder Judicial.

Por su parte, el presidente de la APM -asociación mayoritaria en la carrera judicial-, Jesús Chamorro, ha dicho antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial que si se hubieran producido escuchas "al margen de las previsiones legales para hacer ceder el derecho de secreto de las comunicaciones los magistrados y el Ministerio deberían actuar".

También el portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, ha tachado de "irresponsables" a los partidos políticos a la hora de hablar sobre el Poder Judicial, porque sus acusaciones, ha dicho, "degradan mucho la vida democrática", y ha pedido que se haga una "reflexión seria" para garantizar la independencia de la Justicia.

"El PP se está quejando de que existe demasiada influencia del Ejecutivo pero cuando él estuvo gobernando la situación era similar y no hizo nada por cambiarla", ha señalado Gallardo, que ha recordado que la composición actual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corresponde a un pacto suscrito entre PP y PSOE en el año 2001, "cuyo objetivo era precisamente controlar el Poder Judicial".