“Jueces, policías y un ex ministro de Franco pagaban en metálico a Bernad para financiar Manos Limpias”
La abogada Montse Suárez, que durante años fue la imagen de Manos Limpias y Ausbanc, denuncia ser víctima amenazas y coacciones tras destapar los presuntos delitos que han llevado a prisión a Bernad y Pineda.
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@JoanCantarero
MADRID. Jueces, policías, empresarios, un ministro de Franco e hijos, forman parte del selecto club de donantes de Manos Limpias, que han mantenido vivo el sindicato ultra presidido por Miguel Bernad desde mediados de los años 90, según cuenta a Público la letrada Montse Suárez, ex abogada de la organización.
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Suárez: “Yo sabía que Miguel Bernad organizaba esas comidas para recaudar dinero, y aunque yo no participaba porque no pertenecía al sindicato, todos sabíamos lo que pasaba"
Pero lo cierto es que nuevos testimonios aseguran que los ingresos por cuotas son prácticamente irrelevantes, y por ello el secretario general de Manos Limpias apelaba al fervor patrio nostálgico, a modo de “socorro azul”, juntando acólitos en torno a una mesa de restaurante para hacer caja y recolectar fondos.
No hay que olvidar que Bernad fue galardonado por sus “servicios a la patria” por la Fundación Francisco Franco, por haber logrado la imputación del juez Baltasar Garzón en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el magistrado por instruir el caso del reconocimiento de la Memoria Histórica de las víctimas del franquismo.
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Otra vía de financiación de Bernad
Pero esta no era la única vía de financiación. Diversos empresarios inmersos en problemas de deudas impagadas contrataban los servicios de Manos Limpias, para que fueran abogados del sindicato y en nombre de este quienes presentaran y firmaran las denuncias contra sus adversarios empresariales. La razón no era otra que utilizar la marca Manos Limpias, que ya había logrado convertirse en una herramienta muy útil de intimidación o disuasión para resolver cuestiones económicas. Antes de que el demandado viera su nombre en los medios acusado por Manos Limpias, optaba por pagar y quitarse de en medio, por temor al potencial perjuicio de imagen y financiero. Estos servicios según denuncian rondaban los 25.000 euros.