El juez del caso Prestige ha absuelto a los tres únicos acusados por la mayor catástrofe medioambiental vivida en España: el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, único miembro de la Administración al que se le atribuyó alguna responsabilidad. Con la absolución de López Lors, el tribunal exime también de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la catástrofe sino que trató de solucionarla y evitar daños materiales y humanos, por lo que el Gobierno queda exento de sufragar los daños que se le reclamaban.

El magistrado los absuelve de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos y únicamente condena al capitán del buque a una pena de 9 meses de prisión por ser el "autor criminalemente responsable de un delito de desobediencia grave".

El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, queda excluido de esta sentencia porque no llegó a ser juzgado, al encontrarse en paradero desconocido. 

La sentencia reconoce los daños económocos que sufrió la costa: "63.000 toneladas de fuel, 170.000 residuos, 2.900 kilómetros de costa y 1177 playas afectadas", pero asegura que "no existe responsabilidad penal", puesto que "nadie sabe exactamente la causa de la avería". En este sentido, el fallo establece, entre una de sus conclusiones, "la dificultad de atribuir responsabilidades precisas y la imposibilidad de investigar en detalle algunas cuestiones", aunque considera probado que hubo un fallo estructural en el petrolero, un "mantenimiento deficiente". "La empresa propietaria del barco sabía que sus condiciones no eran las adecuadas pero lo ocultó", ha dicho el magistrado durante la lectura del fallo.

Para los tres acusados se pedía una condena de entre 5 y 12 años de cárcel, aunque era improbable que fueran a prisión dada su avanzada edad y la petición expresa del fiscal de Medio Ambiente y los letrados de las acusaciones al respecto.

Contra la sentencia cabe un único recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia por los daños derivados del hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 ante las costas de Galicia ha marcado el punto y final de un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.

El fallo ha llegado en el 11 aniversario de la fatídica tragedia y ha sido leído en la sala primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos desde noviembre de 2012 hasta el pasado julio.

El macrojuicio ha sido el de mayores dimensiones celebrado en Galicia. Ha durado ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos. 

Aún así, muchas han sido las organizaciones ecologistas y sociales que han denunciado que en el banquillo de los acusados no se hayan sentado los responsables políticos de aquel entonces, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, o el propio Mariano Rajoy, que ejercía como vicepresidente del Gobierno. El propio juez del caso reconoció en su día que "faltaban muchos implicados".

En total, el 'Prestige' vertió al mar unas 63.000 toneladas de fuel generando una marea negra que afectó a la costa gallega y a las de Asturias, Cantabria y Francia.