La juez del caso de la cooperación imputa a cinco administradores de empresas

La juez instructora de la conocida como "causa de la cooperación" ha imputado a los últimos cinco detenidos relacionados con la supuesta trama de malversación de fondos públicos de la Generalitat, que son administradores de empresas y quedan en libertad provisional.

Según ha informado esta madrugada el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha tomados ambas decisiones tras haberles tomado declaración desde ayer, cuando fueron detenidos.

En esta operación policial, la juez autorizó entradas y registros en viviendas y sedes sociales, ninguna de ellas en sede oficial.

Estos imputados, cuya identidad no ha sido facilitada, se suman a los veintidós que ya contaba esta causa, que investiga un supuesto fraude en la concesión de ayudas públicas destinadas a cooperación.

El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Seis de los imputados ocupaban cargos de la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez, entre ellos el ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y el exsubsecretario de Sanidad Alexandre Catalá.

También formaba parte del Consell la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell, que fue detenida y puesta en libertad, y el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares.

Las otras catorce personas imputadas hasta hoy, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG, como el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, que van desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la investigación que dirige la juez están implicadas, al menos, seis ONG y son diecinueve los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la entonces Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el actual portavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

Se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo.

En este momento de la instrucción, no se puede precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

Durante el año de investigaciones judiciales, la juez ha acordado la práctica de pruebas documentales principalmente, junto a otras periciales (a través de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria).

También ha ordenado entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.