Un juez denuncia a un general por el 'caso kamikaze'

La detención el pasado 25 de junio en Canarias de la esposa del general del Ejército de Tierra Francisco Martín Alonso por conducir en sentido contrario vuelve a los juzgados, aunque en esta ocasión el principal protagonista es otro. El titular de Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, Tomás Martín, dictó el pasado 7 de octubre un auto conocido ayer en el que pide al juzgado de guardia que abra diligencias contra el máximo responsable de la Guardia Civil en las islas, el general Miguel Martínez, por un presunto "delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia". El motivo: las críticas que este vertía en una carta contra la sentencia que condenó entonces a la mujer del militar.

En dicha misiva, fechada el 2 de julio y remitida a la Jefa Superior de Policía de Canarias, la comisaria Concepción de Vega, y a la delegada del Gobierno en las islas, Carolina Darias, el general exigía que se tomasen "las medidas apropiadas" contra el inspector de policía que detuvo a la conductora kamikaze poco después de que ésta estuviera a punto de chocar frontalmente contra con el vehículo de él.

En la misma carta, Miguel Martínez criticaba también veladamente la sentencia que había condenado a la mujer a seis meses de cárcel y un año sin carné de conducir: "La actuación judicial, por cierto, no es objeto de esta carta, pero podríamos hablar bastante sobre ella". El máximo jefe del Instituto armado en Canarias incluso sugería en el texto que la conductora, que admitió en el juicio la comisión del delito contra la seguridad vial y aceptó la pena, no debió haber recibido ni una multa: "Puesto que no se produjo ningún accidente, la conductora aseguró que había cometido un error inintencionado y los propios agentes conocían la defectuosa señalización de la zona, el asunto debería haber terminado ahí o con la formulación de una denuncia administrativa".

Denuncia falsa

Esta no es, sin embargo, la única decisión del juez Martín respecto al caso de la espora kamikaze del militar. En el mismo auto, el magistrado ha acordado el archivo de la querella que la esposa del general había interpuesto contra el inspector jefe de la policía que la detuvo cuando conducía en dirección prohibida por una autopista rumbo a un supermercado para comprar un champú y un desmaquillante de oferta.

La mujer del militar, a pesar de que aceptó la pena, se había querellado por detención ilegal contra el agente con un escrito en el que su abogado considera "innecesario" detener a "la esposa de un general". El juez no sólo ha rechazado su pretensión de actuar contra el policía, sino que ofrece a éste la posibilidad de iniciar acciones legales contra la kamikaze por denuncia falsa.