El Juzgado de lo Mercantil de Granada ha acordado embargar cautelarmente bienes del patriarca de la familia Ruiz-Mateos y dos de sus hijos por importe de 618,26 millones de euros para cubrir el agujero patrimonial que soporta el fabricante de postres Dhul, que está en concurso de acreedores.

El juez Blas González considera afectados por el embargo los potenciales derechos de cobro que tengan José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada y sus hijos Javier Ruiz-Mateos y Álvaro Ruiz-Mateos por la venta de las empresas de Nueva Rumasa a la sociedad Back in Business, propiedad de Ángel de Cabo.

En cualquier caso, exige a los antiguos y a los nuevos propietarios que aporten en cinco días 'todos los documentos privados y públicos que hayan suscrito para formalizar y ejecutar la operación'.

Los Ruiz-Mateos también deberán proporcionar al juzgado una relación de todos los bienes y derechos de los que dispongan para cubrir el importe embargado, con aviso de que pueden enfrentarse a sanciones por 'desobediencia grave' si incumplen la orden judicial.

El juez investiga las emisiones de pagarés realizadas por el grupo Tras cinco meses de negociaciones, la empresa Back in Bussines formalizó la compra de Nueva Rumasa, una operación que finalmente se valoró en 1.500 millones de euros. Back in Business es propiedad de Ángel de Cabo, especialista en llevar empresas dedicadas a liquidar otras en situación de dificultad.

El contencioso abierto por la emisión de pagarés contra la familia se agravó a raíz de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les ampliara a 30 millones de euros la fianza de 13 millones que les impuso para hacer frente a la responsabilidad civil a la que podrían ser condenados en un juicio el 18 de octubre.

Todos ellos deberán responder por los delitos de estafa e insolvencia punible que les atribuye la querella que presentaron 63 inversores contra Nueva Rumasa. Su inversión conjunta ascendía a 9,44 millones de euros en pagarés del grupo de empresas de la familia Ruiz-Mateos. El juez la admitió a trámite con el informe favorable de los fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y Juan Pavía, que identificaron a 1.017 inversores de empresas de Nueva Rumsas por un importe total de 90,49 millones de euros.