El juez español Santiago Pedraz pidió a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan podido ser testigos del genocidio de Guatemala que lo denuncien en sus respectivos juzgados para que éstos lo remitan a la Audiencia Nacional de España, que investiga los hechos.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional reclama la colaboración ciudadana mundial para perseguir a los responsables del genocidio cometido en Guatemala entre 1961 y 1996.

En un documento hecho público hoy, Pedraz detalla el contenido de esta nota que será remitida a todos los medios de prensa escrita, audiovisual, radiofónica y digital.

En el texto pide la cooperación de personas que hayan sido víctimas, perjudicados, testigos "o cualesquiera otras" que puedan aportar información relevante sobre "el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala".

El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia del país, decidiera el pasado 12 de diciembre anular un proceso judicial abierto contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados del genocidio, que, según recuerda en el auto, causó más de 250.000 víctimas -más de 45.000 siguen desaparecidas-, de las que el 83 por ciento eran mayas.

Dicha Corte dictaminó que España no tiene competencias para juzgar a guatemaltecos y anuló las órdenes de detención cursadas contra esas siete personas.

Las diligencias que tiene abiertas el Juzgado de Pedraz en relación con esta causa, iniciadas a partir de una denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999, se refieren, por un lado, a la presunta participación de los siete acusados en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, que causó 37 muertos.

También investiga su implicación en delitos de genocidio en la década de los ochenta.

Con la decisión de la Corte guatemalteca, señala el juez, se confirma la voluntad de Guatemala de "no investigar los delitos referidos, dando clara cobertura a la impunidad" y colocándose en la "órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos".

Además considera que la medida judicial viola la obligación "asumida por todas las naciones civilizadas" de prevenir y sancionar el delito de genocidio, de acuerdo con lo establecido por el Convenio para la Prevención y la sanción de este delito, así como el Tratado de cooperación judicial entre Guatemala y España.

Pese al fallo del tribunal guatemalteco, Pedraz proseguirá con la investigación y mantiene "vigentes" las órdenes de captura con fines de extradición de los siete acusados.

Éstos son el general retirado Ángel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía, Fernando Romero Lucas y Benedicto Lucas García, además de los civiles Pedro García y Donaldo Álvarez.