Un juez imputa a dos inspectores del Banco de España por el informe de la CAM

Un juzgado de Madrid ha citado a declarar como imputados a dos inspectores del Banco de España por un posible delito de falsificación de documentos públicos en la redacción de un informe sobre la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Según el auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el presidente de la Comisión de Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, en el que acusaba a ambos inspectores de incluir informaciones falsas sobre él en el informe.

El Banco de España abrió en febrero un expediente sancionador a 48 directivos y ex directivos de CAM, entre ellos Avilés, por irregularidades en la gestión de la caja.

El informe que sustenta este expediente señala que Avilés "presumiblemente ha realizado operaciones de ocultación de propiedad, utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades", Vereda Sucina, que la CAM financiaba en condiciones favorables.

Así, el supervisor entiende que Avilés ocultó información sobre los préstamos que esta compañía obtenía de la CAM "cuando existe la obligación de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas por las cajas a los altos cargos de las entidades o a sus empresas".

De acuerdo a las diligencias previas incoadas por este auto, los inspectores Ángel Rico y Pedro González -responsables del departamento de Inspección 1 Grupo 1 del Banco de España, que es el que firma el informe- tendrán que declarar en calidad de imputados el próximo 20 de junio.

El Banco de España decidió sustituir a los gestores de la CAM el pasado 22 de julio, en la que fue su tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.

Tres semanas después de la intervención, los administradores elegidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para gestionar la entidad destituyeron a la que había sido hasta entonces la directora general de la caja, María Dolores Amorós.

La Audiencia Nacional tiene abierta una causa penal contra Amorós y otros directivos por delito societario, estafa y falsedad documental tras admitir a trámite una querella presentada por un abogado, a la que se ha incorporado como parte a los afectados por la pérdida de valor de las cuotas participativas de la caja.