El juez imputa a los mandos políticos de los Mossos y Urbana por las cargas a indignados

El juez que investiga las cargas policiales en la acampada de indignados de la plaza Catalunya de Barcelona ha citado a declarar como imputados a la exteniente de alcalde de Seguridad Assumpta Escarp y al director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, junto a dos mandos del dispositivo policial.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona fija cuatro días de las próximas semanas para tomar declaración a los imputados Escarp y Prat, así como al responsable aquel día del dispositivo de orden público de Barcelona de la policía catalana, Antoni Antolín, y el jefe de los antidisturbios, David Bordas.

Estas cuatro imputaciones derivan de la querella que medio centenar de indignados presentaron en los juzgados por la operación policial del pasado 27 de mayo, que se inició como una "operación de limpieza" de la plaza y acabó derivando en cargas policiales que se saldaron con más de un centenar de heridos.

El juez Josep Maria Miquel Porres, tras tomar declaración a 51 denunciantes y visualizar numerosos reportajes gráficos de las cargas, decidió admitir a trámite la querella interpuesta por los indignados y abrir una investigación contra los responsables de la operación, por posibles delitos contra los derechos fundamentales, como el de reunión.

La querella se dirigía también contra el conseller de Interior, Felip Puig, pero el juez instructor carece de competencia para investigarlo por tratarse de un aforado, por lo que el caso correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Antes de citar a declarar a los imputados, el juez instructor ha encargado informes forenses para comprobar si los partes médicos aportados por los querellantes son compatibles con las imágenes de las cargas policiales, han informado a Efe fuentes judiciales.

También ha tomado declaración a los denunciantes con la intención de averiguar si pueden identificar a los mossos d'esquadra que participaron en las cargas policiales, que no llevaban visible su número de identificación (TIP) y, además, tenían el rostro cubierto con cascos y pasamontañas.

Sólo se ha podido identificar a uno de los antidisturbios actuantes, que no ha sido reconocido por la manifestante supuestamente golpeada por los agentes sino por una amiga de ésta, según las mismas fuentes.

La intervención policial en la plaza de Catalunya, que los indignados interpretan como un intento de desalojo encubierto, movilizó a una amplio dispositivo de antidisturbios de los Mossos y agentes de la Guardia Urbana para facilitar las tareas de limpieza del espacio de la acampada por las brigadas municipales.

Los cerca de 200 "indignados" que dormían en la plaza se negaron a abandonarla y, al cabo de unas horas, eran cerca de un millar las personas que se concentraban en el lugar en apoyo de los acampados, para impedir que los equipos de limpieza pudieran acceder al lugar.

Los Mossos d'Esquadra cargaron contra los concentrados, en una operación que se saldó con más de 120 heridos, y los "indignados" recuperaron la plaza después de que las brigadas de limpieza se llevaran de la acampada desde colchones, toldos o sofás, hasta los elementos rígidos que servían de soporte a las pancartas y a los altavoces, además de ordenadores y enseres personales.

La llamada "operación de limpieza", que Interior dijo haber pactado con el Ayuntamiento de Barcelona, dio imágenes de manifestantes heridos que dieron la vuelta al mundo y desencadenó una lluvia de críticas contra el conseller, Felip Puig, que defendió el dispositivo y atribuyó los incidentes a la violencia de algunos concentrados.

Cuando a principios de diciembre pasado trascendió que el juez había admitido a trámite la querella, el director de la Policía, Manel Prat, afirmó que estaba tranquilo y dispuesto a declarar ante el juez porque "seguramente" volvería a tomar las mismas decisiones para retirar elementos potencialmente peligrosos de la plaza en vista a una posible celebración deportiva.