La juez imputa tráfico de influencias y prevaricación a otros dos "intrusos"

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos ha imputado hoy sendos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación a otros dos "intrusos", el exafiliado del PSOE de Camas Ricardo M.B. y Antonio M.S., concuñado del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.

Estos presuntos falsos prejubilados, pues nunca trabajaron en las empresas Intersur y Surcolor por las que cobraron pólizas que costeó la Junta de Andalucía, se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y han ratificado sus testimonios ante la Policía, como hicieron el pasado viernes los tres primeros "intrusos" citados por la magistrada.

Según las actas de sus comparecencias, a las que ha tenido acceso Efe, la juez les imputa un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación "en su condición de 'extraneus'" -al no ser funcionarios-, al valerse para ello de su condición de militantes del PSOE y de sus relaciones con Rivas -exalcalde de Camas- y con el exconcejal José Antonio García Prieto, también imputado.

Antonio M.S., concuñado de Rivas -igualmente imputado-, supo que la Junta daba "ciertas ayudas a personas vinculadas al PSOE" por su otro concuñado, José A.L. -también inculpado-, y le pidió ayuda al estar en paro, tras lo cual le remitió al entonces edil García Prieto, que "desde Camas organizaba la solicitud de tales ayudas".

Tras una serie de trámites en la primavera-verano de 2006, Antonio M.S. fue incluido entre los 24 trabajadores de Surcolor prejubilados, sin que hubiera trabajado nunca en esa empresa.

En julio de 2006, Antonio M.S., además de estar percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, cobró ese mes 6.380 euros y luego "una media de 1.300 euros mensuales hasta el 31 de enero de 2010", cuando se jubiló.

En el caso de Ricardo M.B., exmilitante del PSOE y exempleado del Ayuntamiento de Camas entre junio de 1997 y julio de 2003, la juez señala que, tras quedarse en paro, fue a la sede de su partido a pedir ayuda al entonces edil García Prieto.

"Prevaliéndose de su amistad personal" con Prieto, que era amigo del exdirector general de Trabajo de la Junta, "y de ser compañero del partido", indica Alaya, Ricardo M.B. accedió a esas ayudas "ilícitas" al entregar su documentación a Guerrero, junto a la de Prieto y la del otro concuñado de Rivas, tras lo que los tres fueron incluidos en el ERE de Intersur sin haber trabajado en esa empresa.

Por ello, Ricardo M.B. cobró una renta media de 1.300 euros al mes desde noviembre de 2003 hasta octubre de 2010, por la que la Junta "de manera injustificada y arbitraria soportó la prima de 117.540,13 euros", según la juez, a lo que se sumaba el subsidio para desempleados mayores de 52 años que cobra desde enero de 2004.

A raíz de la investigación judicial, la Junta de Andalucía ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y 111 casos "con discordancias administrativas", en unas diligencias en las que también están imputados el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández y el exsindicalista Juan Lanzas, entre otros.