El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha desestimado hoy la petición del fiscal de cerrar temporalmente los dos bares de Pamplona en los que sus encargadas y dueños se negaron a retirar las fotos de miembros de ETA que se exhibían en los locales, porque fueron retiradas días después.

No obstante, el juez mantiene la imputación por un delito de enaltecimiento del terrorismo -castigado con hasta dos años de cárcel- para la camarera y el propietario del bar Zurgai, Izaskun Goñi Juárez y Daniel Burgos Monreal, y para la encargada del bar Ezpala, Ainhoa Oroz Torrea, y su dueño Antonio Echalecuz.

Velasco ha adoptado esta decisión en un auto después de que el fiscal Miguel Ángel Carballo retirara la petición del cierre temporal del bar Ezpala como medida cautelar pero no la de clausurar la del Zurgai, para el que pedía un cierre de al menos tres meses.

El magistrado entiende que, aunque la exhibición de esa fotos constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo, en el caso del bar Zurgai "se desprende que los implicados han retirado voluntaria y conscientemente la referidas fotografías" por lo que considera que ya no cabe adoptar la medida cautelar solicitada.

En su auto, el juez explica que el pasado 4 de agosto la Guardia Civil se personó en el Zurgai para pedir la retirada de "unas quince fotografías de miembros de la organización" terrorista ETA, a lo que se negaron los imputados.

Por ello, el fiscal solicitó el pasado miércoles la comparecencia de los responsables del local como imputados por un delito de desobediencia grave -delito que ya no se les imputa- y de enaltecimiento del terrorismo y pidió el cierre cautelar del establecimiento, petición que hoy ha mantenido porque, según fuentes jurídicas, tras retirar las fotos pusieron en su lugar siluetas de las imágenes antes expuestas.

El dueño y la encargada, según ellos mismos han dicho a los periodistas, han alegado que las fotografías eran de "presos políticos" y que fueron retiradas días después.

Por su parte, la camarera del Ezpala ha explicado que cuando el 4 de agosto la Guardia Civil le requirió que quitara las fotos, ella les comunicó que antes de hacerlo debía decírselo a los propietarios -que se encontraban de vacaciones fuera de España-, lo que hizo el 6 de agosto, día en el que las retiraron.

Además, ha añadido que el pasado 12 de agosto, cuando los agentes fueron al local para entregar las citaciones para que acudieran hoy a declarar, comprobaron que las imágenes ya no estaban e hicieron fotografías del establecimiento.

Para Velasco, "la colocación de carteles con la fotografía de diversos presos de ETA en un establecimiento de acceso público como es un bar, constituye indiciariamente un delito de enaltecimiento" porque su exhibición "en lugares muy visibles del local (...) no puede tener otro fin que el de recordar la acción por la que son encomiados por quien los coloca o por quien, siendo responsable del mismo, no los retira".

Esto supone "una clara promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con esos actos criminales, a la vez que un escarnio a sus víctimas que, de esta forma, vuelven a recordar (...) los actos reprobados causados por aquellos".

"De forma que, si asesinar es un delito con su correspondiente pena, enaltecer homenajeando a quien asesina, ensalzándole por ello con homenajes públicos a través de la exposición de su foto en lugares de tránsito, también (lo es), sólo que con una evidente pena menor", subraya.

Velasco asegura que mostrar esas fotos responde a recientes instrucciones de ETA-EKIN "con el objeto de mantener la fidelidad de sus militantes tanto en las cárceles como fuera de ellas", según consta en un documento intervenido al "comando Hego Haizea" en octubre de 2008.

Todo ello, concluye, "determina la continuación de la presente causa por apreciar la concurrencia de un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo", por lo que en los próximos días dará traslado al fiscal para que informe sobre la petición de pena que reclama para estos cuatro imputados.