En mayo del año pasado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó interrogar a los ex ministros del PP Ana Palacio y Federico Trillo en relación con la muerte del cámara José Couso, el 8 de abril de 2003, en el hotel Palestina de Bagdad, como consecuencia del impacto de un proyectil estadounidense. Hace diez días el magistrado libró un tercer requerimiento para interrogar al ex responsable de Defensa. Ninguno de los tres ha sido contestado.

Debido a la condición de diputado de Federico Trillo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 no puede citarle a declarar directamente. Debe hacerlo a través del Tribunal Supremo y del Congreso de los Diputados, y permitirle responder por escrito, en vez de personarse en la Audiencia Nacional.

Es lo que eligió Trillo cuando declaró como testigo en la causa en la que se investigan las irregularidades cometidas en la contratación del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, el 26 de mayo de 2003, en Turquía. La decisión del actual portavoz de Justicia del PP contrastó con la de su sucesor en Defensa, José Bono, que pese a ser presidente del Congreso, accedió a ser interrogado directamente por las partes personadas en la causa.

En vista del trámite previsto para los diputados, el juez decidió dar la misma posibilidad a la ex ministra de Exteriores Ana Palacio, pese a que ya no es aforada. En declaraciones a los medios de comunicación, Trillo señaló que el caso de la muerte de Couso siempre lo llevó Exteriores.

Pedraz acordó tomar declaración a los dos ex ministros, pocos días después de que la Sala de lo Penal revocara el procesamiento de los militares estadounidenses que iban en el tanque que hace seis años disparó contra el hotel en el que se alojaba la prensa internacional que cubría la guerra de Irak.

El magistrado espera que los ex ministros completen la 'información transmitida' por las autoridades de Estados Unidos respecto a la muerte del cámara de televisión. Para eso ya ha admitido todas las preguntas planteadas por las dos acusaciones que representan a la familia de Couso en el proceso. Ambas consideran que los ex ministros deben aclarar qué explicaciones ofreció Estados Unidos a España sobre el ataque y si el Gobierno español exigió alguna.