Juez pide 520 millones de euros como fianza a diez imputados en el "Caso Hidalgo"

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Manuel Martín Hernández-Carrillo, ha fijado en más de 520 millones de euros las fianzas que deberán abonar diez imputados en el "Caso Hidalgo" como garantía de sus responsabilidades pecuniarias por un delito contra la Hacienda Pública.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez acuerda retirar la administración judicial de las distintas sociedades mercantiles afectadas por esta medida una vez que se haga efectivo el pago de la cuantía, establecida en virtud de los avances elaborados "con precisión suficiente" por la Agencia Tributaria sobre las cuotas defraudadas por los imputados.

El magistrado establece que la fianza objeto de aseguramiento será el triple de lo "presumiblemente defraudado" con objeto de "cubrir la cuantía de la indemnización", por lo que fija en más de 171 millones de euros la cantidad que deberá abonar el empresario David Shamoon y en más de 75 millones la correspondiente al abogado Rafael Cruz Conde.

Entre los imputados a los que el juez exige también una garantía de pago ante sus posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de un delito fiscal se encuentran cinco letrados del despacho de abogados Cruz-Conde, cuya suma de las cantidades a abonar supera los 60 millones de euros.

Martín Hernández-Carrillo solicita además cuantías de 73,5 millones de euros y más de 68 millones a dos directivos del grupo Shamoon por las supuestas defraudaciones a la Hacienda Pública producidas en dos sociedades mercantiles en las que son administradores.

El auto establece que la administración judicial se mantendrá hasta que los imputados abonen las fianzas o aseguren las cuantías fijadas en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil y advierte que en el caso de no cumplir con esta obligación se procederá al embargo de sus bienes para cubrir la indemnización por la cantidad defraudada.

El juez, que sustituye provisionalmente al magistrado titular de este juzgado, Francisco Javier de Urquía -suspendido al ser investigado por el "Caso Malaya"-, señala que las cuantías fijadas son "provisionales en atención al estado de la investigación y susceptibles de ser incrementadas conforme avance la misma".

Resalta además que la resolución se acuerda "sin perjuicio de las medidas a adoptar respecto de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito de blanqueo de capitales" que se atribuye también a los imputados.

El "Caso Hidalgo" se destapó el pasado abril con una operación en la que se practicaron veintitrés detenciones, entre ellas las de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron unos 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de veintidós entidades bancarias.

La investigación se centra en el despacho de abogados de Marbella Cruz-Conde, cuyo fundador Rafael Cruz Conde, otro letrado del despacho, G.L.N., y un economista, L.M.R, permanecieron en prisión preventiva por este caso durante dos meses, hasta que la Audiencia de Málaga decidió ponerles en libertad bajo una fianza de 200.000 euros.