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El juez pide las auditorías que en ocho años no detectaron el saqueo del Palau

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El juez que investiga el desvío de fondos del Palau de la Música ha requerido a la empresa que auditaba a la institución cultural los informes contables de los años 2000 a 2008, que no advirtieron indicio alguno del desvío de fondos perpetrado por Félix Millet y Jordi Montull.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Juli Solaz, exige a la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A. que le aporte todos los informes de auditoría sobre las cuentas de las entidades perjudicadas por el desvío de fondos, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y el Consorcio del Palau de la Música.

El juez solicita en su auto la "expresa aportación de las notas internas que los señores auditores pudieran haber confeccionado" entre los años 2000 y 2008, cuando presuntamente Millet y Montull desviaron al menos 23 millones de euros del Palau de la Música sin que fuera advertido por ninguna inspección contable.

La aportación de dichas auditorías ordinarias fue solicitada el pasado viernes por la Fiscalía, en el escrito en que pedía la imputación de otros seis presuntos implicados en el saqueo del Palau de la Música.

El juez ha admitido la diligencia solicitada por el ministerio público y ha ordenado requerir los informes una vez se localice el domicilio de la empresa auditora, con la que el juzgado había intentado contactar anteriormente sin éxito, según consta en el mismo auto judicial.

La aportación de las auditorías ordinarias del Palau de la Música permitirá averiguar los motivos por los que esos informes contables no detectaron irregularidades en la gestión de Millet y Montull ni indicios de un desvío de fondos que se estima en al menos 23 millones de euros.

El Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A. analizó las cuentas anuales de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y, en el ejercicio 2008, también del Consorcio del Palau de la Música, organismo que agrupa a la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona y que nutre de fondos públicos a la institución musical.

Una vez destapado el saqueo, la Fundació Palau de la Música solicitó a la empresa Deloitte una auditoría externa sobre la gestión económica de Millet que detectó un desvío de cerca de 23 millones de euros, 2,9 de ellos correspondientes a los fondos públicos que gestiona el Consorcio.

Ese desvío de fondos del Consorcio del Palau de la Música, que abre la puerta a imputar a Millet y Montull un delito de malversación de caudales públicos, fue también constatado en la auditoría contable que elaboró la Intervención General de la Generalitat al descubrirse el desfalco de la institución.

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