El juez pregunta por el papel de la infanta y el emisario del rey

El nombre de Cristina de Borbón, esposa de Iñaki Urdangarin, vocal del Instituto Nóos hasta junio de 2006 y copropietaria de Aizoon SL, surgió hoy por primera vez en un interrogatorio del caso Nóos. Y fue el juez quien lo introdujo al preguntar al asesor fiscal de la trama, Miguel Tejeiro, si la infanta participaba en las actividades del grupo. Es decir, en el conglomerado formado por Instituto Nóos y sus empresas afines. Entre ellas, la propia Aizoon, que cobró unos 700.000 euros de la asociación pretendidamente altruista que capitaneaba el yerno del rey.

Tejeiro respondió con una negativa tajante a la cuestión planteada por el instructor. Hasta ahora, los investigadores del caso no han encontrado indicios de que la infanta participase en la toma de decisiones ni del Instituto Nóos ni de la propia Aizoon. Pero cuál será su situación final depende en buena medida de lo que declare su marido el próximo día 25.

El magistrado inquirió también a Tejeiro sobre el asesor legal externo del rey, José Manuel Romero, conde de Fontao. Según la Zarzuela, Romero fue la persona a quien la Corona encomendó transmitir a Urdangarin la orden de que abandonara el Instituto Nóos y sus negocios en Espa-ña. Fue él quien sustituyó a Urdangarin al frente de la segunda ONG creada por el duque y Diego Torres, Fundación Areté. Y quien, cuando esta fundación acordó disolverse, votó en favor de que su patrimonio fundacional (30.000 euros) y su nombre fueran cedidos a una tercera entidad sin ánimo de lucro ligada a la trama: Fundación Deporte, Cultura e Inregración Social (DCIS). Urdangarin no pertenecía a su patronato, pero presidía su consejo asesor. Es decir, desapareció del primer plano, pero no del escenario.

El juez preguntó a Tejeiro si le constaba que un emisario del rey hubiera pedido a Urdangarin que se alejara del grupo Nóos. La respuesta del imputado fue igualmente negativa. Propiedad de la empresa De Goes SL, bautizada como su homónima británica para disfrazar la vía de escape del dinero, DCIS fue también utilizada por la trama en la captación de fondos públicos: la candidatura olímpica de Madrid le pagó 144.000 euros.