Pendientes de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la muerte del español Baby Hamday Buyema en los incidentes de El Aaiún, el juez Pablo Ruz ha decidido reactivar la que admitió a trámite el 30 de octubre de 2007 su antecesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.
Ruz ha remitido un oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia para pedir que “a la mayor brevedad” se le informe de la tramitación de la comisión rogatoria cursada a Marruecos por Garzón el 30 de octubre de 2008. El titular del 5 se declaró competente para investigar los delitos de genocidio y torturas que podían haber cometido las autoridades marroquíes contra ciudadanos saharauis entre 1976 y 1987.

La petición de ayuda internacional volvió a ser remitida el 18 de marzo de 2010 y Justicia la recibió el 10 de mayo. El Juzgado aún no ha tenido respuesta, pero lo habitual, según fuentes oficiales, es que si el país requerido, en este caso Marruecos, no responde a la reclamación realizada, el Ministerio de Justicia no se dirige al juez para aclarárselo.

La providencia dictada por el magistrado insta a dar curso a la comisión rogatoria con la que se pretende que los 13 responsables militares y policiales marroquíes contra los que se dirige la querella sean informados de la acusación formulada en su contra. También se pregunta si sobre ellos pesaba algún otro delito y si Marruecos ha abierto una investigación en relación con los hechos denunciados, entre los que figura la desaparición de 541 personas.

Ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades marroquíes, el primer instructor de la causa se dirigió a Argelia. En esta ocasión, la comisión rogatoria pretendía que se tomara declaración como testigos a 13 personas residentes en Tinduf que presenciaron el genocidio o fueron secuestrados, interrogados y sufrieron torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También pueden aportar datos sobre el desplazamiento forzado al que se sometió a los saharauis, según la querella presentada en 2006 por el abogado Manuel Ollé, en nombre de la Asociación pro Derechos Humanos de España, tres organizaciones de apoyo al pueblo saharaui y varios particulares.

Con Argelia el problema surgió porque las autoridades respondieron a la Audiencia Nacional que debía dirigirse directamente a la República Árabe Saharaui Democrática, a la que España no reconoce oficialmente, por lo que Garzón no podía enviarle ningún requerimiento.

Por eso, en la misma providencia, el juez Ruz pide a los querellantes que le informen de si es posible que los testigos se desplacen a España para prestar declaración, como propuso la Fiscalía el pasado mes de junio. En el caso de ser imposible, el magistrado se mostraba dispuesto a escuchar otras propuestas que permitieran realizar la diligencia.

Entre los querellantes figura el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real marroquí, quien esta misma semana acompañaba al ministro del Interior en su visita a España. En la querella se le acusaba de ser “el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Sáhara en 1976” y, en concreto, del secuestro de Salem Uld Hamdi.

El periodo que se investiga en el Juzgado 5 se inicia con la campaña de desapariciones que se produjo en Smara, coincidiendo con la ocupación del Sáhara, y termina en 1987, cuando se produjeron varios secuestros en El Aaiún. Este periodo podría verse ampliado ahora, si finalmente la familia de Baby Hamday Buyema llega a un acuerdo con las asociaciones pro saharauis querellantes y solicita incorporarse al procedimiento como acusación particular.