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El juez Santiago Pedraz reabre la causa contra tres militares estadounidenses por la muerte de Couso

Procesa al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp, al estimar que existen "indicios racionales" de criminalidad

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz volvió ayer a procesar a los tres militares estadounidenses responsables del lanzamiento de un proyectil contra el hotel Palestina, en Bagdad, en el que se alojaba la prensa internacional que cubría la guerra de Irak. El impacto mató al cámara español José Couso y a Taras Protsyuk, de la agencia Reuters. El magistrado considera que hay indicios suficientes para procesar al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y homicidio.

Como la Sala de lo Penal de la Audiencia revocó su procesamiento en mayo de 2008, el juez Pedraz trata de cubrirse las espaldas ante una decisión similar y explica que es necesario celebrar un juicio contra los tres procesados para determinar por qué dispararon un proyectil contra el hotel. Sólo en una vista oral se podrá determinar cuál de las cuatro hipótesis que el juez enumera en su resolución se produjo ese 8 de abril de 2003.

Hace ahora un año, la Sala de lo Penal le reprochó haber tenido en cuenta los indicios desfavorables para los militares, obviando los que podían exculparlos, para llegar a la conclusión de que el disparo del carro de combate contra el hotel era una represalia o amenaza con la intención de aterrorizar a la población.

La primera posibilidad que cita Pedraz para evitar una acusación semejante consiste en que, como sostienen las autoridades estadounidenses, los militares temieron que 'se trataba de un francotirador, ojeador u observador enemigo'. Eran conscientes de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, que deben regir los ataques bélicos en caso de guerra para proteger a la población civil, y que establecen que 'en la duda, no debe dispararse'; pero, aun así, lo hicieron.

En este caso, los militares habrían cometido un delito, porque dispararon aceptando la posibilidad de que en vez de un francotirador fuera un periodista o un civil. Los periodistas españoles que estuvieron en el hotel Palestina negaron categóricamente a presencia judicial que en el establecimiento hubiera francotiradores o, incluso, iraquíes.

La segunda posibilidad que ve el juez se basa en que la tripulación del carro de combate estadounidense creyera ver fedayines y disparara 'sin tener en cuenta las reglas del combate', lo que también sería delito.

El ataque también podía tratar de amedrentar a las personas que miraban la evolución de los tanques o a los informadores, con la intención de evitar que se grabara la toma de Bagdad, lo que explicaría que también se hubiera atacado a las televisiones árabes Al Yazira y Abu Dhabi.

El juez añade que 'no constan imágenes de Bagdad en las horas siguientes y es precisamente en esos momentos en las que las tropas norteamericanas entraron' en la ciudad.

El juez recuerda las pruebas realizadas después de que la Sala le echara abajo el procesamiento anterior. Cita al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y a la ex sargento de EEUU Adrienne Kinne, destinada en Inteligencia Militar, quien afirmó que al mostrar su extrañeza a un superior porque el hotel Palestina fuera designado como objetivo militar potencial, se le dijo que 'alguien en un nivel superior de la cadena de mando sabía lo que estaban haciendo'.

Si no se juzga el caso, Pedraz advierte de que 'en adelante podría concluirse que cualquier ataque en un conflicto armado dirigido contra la población civil quedará impune'. Para ello, bastaría 'la simple excusa del atacante de que se pensó que. Y, obviamente, como se está ante una guerra, violenta y peligrosa o de crisis absolutamente grave y anormal, el atacante no es capaz de distinguir o prever'.