La jueza de los ERE investiga si miembros del Gobierno andaluz prevaricaron

La jueza Mercedes Alaya emitió el pasado jueves un demoledor auto en el que le exige de nuevo a la Junta de Andalucía que le entregue todas las actas de los consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta hoy. La magistrada, que destaca que se enteró por los medios de la negativa del Gobierno a entregarle las actas, argumenta en su escrito que las quiere porque al margen de la "indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares, personas vinculadas al partido de Gobierno (PSOE) y su entorno" -los falsos prejubilados-, se investiga también si miembros del Ejecutivo andaluz utilizaron el fondo para pagar expedientes de regulación de empleo (ERE), dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, a sabiendas de que el sistema elegido para su distribución era ilegal. Es decir, si miembros del Gobierno prevaricaron.

La magistrada explica esta vez detalladamente las razones por las que quiere todas las actas. "Se requieren desde 2001 porque es la fecha del acuerdo" que puso en marcha y dio cobertura jurídica al nuevo sistema creado para pagar los ERE, que consistía en una transferencia de los presupuestos de la Junta al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente instrumental de la Administración, encargado desde entonces de abonar las prejubilaciones a requerimiento de la Consejería de Empleo.

Ese convenio, precisa Alaya, se ha usado para otorgar ayudas excepcionales durante una década, " pese a que su vigencia" expiró el 31 de diciembre de 2003. "Resulta importante para la investigación -prosigue la jueza- saber si este acuerdo estuvo amparado por otro del Consejo de Gobierno y si desde 2001 hasta 2003 se adoptó" alguna otra decisión "ante la existencia de reparo por los órganos fiscalizadores, Intervención de la Junta y Cámara de Cuentas".

A partir de 2003 y 2004, Alaya quiere saber si el Consejo de Gobierno adoptó alguna medida para resolver "el déficit de financiación presupuestaria acumulado en los ejercicios 2001 al 2003 en las ayudas comprometidas por el IFA", que ascendía a 38,3 millones de euros. Y también pretende conocer si se adoptó algún acuerdo para resolver la extinción del convenio que dio origen al sistema de reparto de las ayudas para ERE. La jueza agrega que a partir de 2005, la Intervención General comienza a realizar los informes definitivos sobre las cuentas del IFA en los que expone, año tras año, que "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, lo que ha causado un importante déficit presupuestario".

Alaya añade que la Junta de Andalucía debe entender "la importancia y extensión" de la investigación y matiza: "Nada está más lejos de [mi ánimo] de obligar a la administración autonómica a desvelar extremos que sean materia reservada". La magistrada pasa luego a analizar la Ley del Gobierno de Andalucía, a la que la Junta recurrió para negarse a entregar todas las actas a Alaya y concluye que tales actas "ni son reservadas ni son secretas". "Ni los documentos, ni las deliberaciones o votaciones -concreta la jueza- interesan a la investigación de la causa, sólo los acuerdos".

Alaya expone que si conociera qué actas son relevantes para la investigación "sólo pediría esas". "Ningún interés [tengo] -apostilla- con la sobrecarga que pesa sobre este juzgado de examinar más documentación de la necesaria". Y remacha con un carga de profundidad dirigida al Gobierno: "Resulta paradójico que durante 10 años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello".