Tras el surrealista aplazamiento el pasado 18 de noviembre por incomparecencia de los policías que le acusaban –estaban “de vacaciones”–, el esperado juicio contra Alfonso Fernández Ortega, Alfon, por asistir a la huelga general del 14N (portando explosivos según la policía), finalmente ha tenido lugar esta mañana. Y ha dejado en evidencia lo endeble de las estrategias criminalizadoras contra la protesta que la Policía y este Gobierno pretenden convertir en norma con la venidera Ley Mordaza.

Al igual que en la cita aplazada, se nos convocó a las 10 de la mañana en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero a diferencia de la malograda primera fecha, en esta ocasión se evitó el desfile de activistas, políticos y caras conocidas entre el público, pasando el juicio a la diminuta sala 3 que sólo permite 19 invitados. Por suerte se me permitió acceder como prensa, “como ciudadano e informador tienes el derecho”, me espetó un entrajado bedel.

Mientras los medios hacíamos cola para acreditarnos, los policías y bedeles plantearon una interesante discusión sobre la importancia de dejar pasar primero a Telemadrid. En efecto, las cámaras de la polémica cadena, acusada de manipulación a favor del PP, fue custodiada por un grupo de serviles bedeles y policías delante de nuestros atónitos ojos. Por suerte nosotros también pudimos acceder a la sala y, tras ser obligado a borrar una foto que saqué en el pasillo e instruido sobre el complejo procedimiento mediático (“Sólo video mudo, nada de fotos”), empezó el juicio, con la presencia de 19 invitados y muchos medios (algunos de los cuales, como los dos sentados a mi lado, sólo cubrieron a los testigos de la acusación y se fueron cuando llegó la defensa).

Se volvió a cuestionar la aparición de pruebas de última hora. Al igual que en el juicio aplazado, unos informes periciales sobre la presencia de gasolina en las botellas incautadas, que nadie parecía haber pedido, se formalizaron 2 años después de los hechos, ahora aparecía una nueva prueba en el mismo día del juicio que la defensa no había podido conocer hasta el propio juicio. El fiscal destapa su principal argumento, repetido una y otra vez, para acusar: “No se puede dudar de la imparcialidad de la Policía”. La jueza, reconocida por todos como muy “garantista”, decide aceptarla y da paso al interrogatorio de Alfon por parte del fiscal. El procurador se lanza a su juicio ideológico, porque no puede ser tachado de ninguna otra cosa, con fruición.

El fiscal centra su interrogatorio en la pertenencia de Alfon a distintos grupos antifascistas, como clara evidencia de su peligrosidad y violencia

Sin preámbulos, centra su interrogatorio en la pertenencia de Alfon a distintos grupos antifascistas como clara evidencia de su peligrosidad y violencia. “¿Usted es miembro de Bukaneros?”, le espeta agresivo. “Sí”, contesta tranquilo Alfon. “¿Entonces por qué dijo no serlo en las dependencias policiales cuando le arrestaron?”, contrataca virulento el fiscal. Alfon explica que la presión y amenazas que sufrió le hicieron temer declarar algo que perjudicase a sus compañeros. El fiscal mantiene la presión para adentramos en la parte más delirante del juicio: “¿Pertenece usted a las Brigadas Antifascistas o BAF?”. “No”, contesta extrañado Alfon. “¿Entonces por qué tiene una camiseta de las BAF?, ¿suele usted llevar camisetas de organizaciones con las que no se identifica?”, replica triunfal el procurador.

La sala se pierde en un aturdimiento general, rememorando las miles de camisetas con lemas en inglés compradas sin saber ni lo que quieren decir. “No comprendo”, interpone Alfon. “¿Por qué salía en una foto encontrada en su ordenador con una camiseta de las BAF? ¿Por qué tiene una camiseta así?”, proclama arrebatado el fiscal como quien ha encontrado las armas de destrucción masiva en Irak. “Porque me gusta”, contesta Alfon. Erlantz, el abogado de Alfon, zanjaría la cuestión de la camiseta preguntando a Alfon: “¿Tuvo que presentar su DNI o firmar alguna solicitud para comprar esas camisetas, ratificar su adhesión al grupo?”. A lo que Alfon contestó, lógicamente, que no. Que de hecho se la habían regalado.

Esta línea de criminalización ideológica todavía habría de durar un rato. “Ha escrito usted en la página de Facebook de Soldados ADRV?”, inquiere el fiscal. “Sí”, reitera Alfon. Tras plantear la peligrosa radicalidad antifascista de los seguidores de la Asociación del Rayo Vallecano, el agente del ministerio público acaba por asestar la que cree su estocada mortal: “¿Reconoce haber escrito en una conversación en Whatsapp con el grupo ADRV: ‘Hay que acudir a la huelga combativa. No hay que ir de legales ni cívicos. Eso les joderá más a CCOO y UGT’?”. “Supongo, no lo recuerdo exactamente”, ofrece tranquilo Alfon. “O sea que usted aboga por saltarse la ley”, interrumpe excitado el procurador. “Yo lo que quiero decir es que la huelga es una herramienta para defendernos de la opresión y hay que utilizarla en toda su extensión”.

El fiscal no parece contento con la coherencia de Alfon y pierde un buen rato en intentar hacerle afirmar que el buscaba la violencia en la huelga. Alfon no cede y explica una y otra vez su disconformidad con cierta connivencia de los sindicatos CCOO y UGT con la patronal. Entonces saltamos a la tercera pata magistral de la acusación: “Daria, exnovia de Alfon detenida ese día junto a él, llevaba el número de teléfono de su abogado escrito en el antebrazo. Aunque se explica que fue Elena Ortega, madre de Alfon, la empeñada en cumplir una tradición de los movimientos sociales con la que todos los manifestantes estamos tristemente familiarizados (Legalsol siempre publica en las redes los nombres y números de los abogados por si detienen a manifestantes; costumbre cada vez más habitual). Pero el fiscal cree ver en esta rutina una prueba del demoníaco adiestramiento violento de Alfon y Daira. “Nadie lleva el número de su abogado tatuado o escrito en la piel”, reiterará varias veces a lo largo del juicio y en su alegato final intentando imponer su moral burguesa y madura a rutinas juveniles y ciudadanas que parece desconocer.

Para terminar su ronda criminalizadora ideológica —ningún tiempo dedicado a demostrar si llevaba o no explosivos y todo a plantear sus ligazones ideológicas con la izquierda “radical”—, el fiscal le espeta a un desconcertado Alfon: “¿Sabe usted que se publicaron unas fotos con coches policiales ardiendo y el lema de las BAF para pedir su liberación?, ¿No cree que esas fotos acreditan su pertenencia a las BAF?”. “Pues pregúnteselo a quien las publicase, yo no sé nada de esas fotos, como de tantas otras”, concluye Alfon extrañado. Es Erlantz Ibarrondo el que a continuación interroga a Alfon, subrayando la persecución a la que el joven ha venido siendo sometido desde hace años por el mero hecho de ser Bukanero y su concienciación social (no se menciona en el juicio, pero la amistad de Alfon con el joven antifascista Carlos Palomino, vilmente asesinado en el metro por un grupo de fascistas, es determinante en su compromiso social, como contó en un acto en el Teatro del Barrio).

En este tramo Alfon cuenta cómo le han perseguido coches patrulla insultándole y riéndose de él por la calle o cómo en una ocasión pararon a su entonces novia para aconsejarle que le abandonase porque era muy peligroso. Luego, su madre Elena, contaría cómo en una ocasión que bajó a comprar tabaco la detuvo un grupo de policías para decirle que su hijo se relacionaba con gente muy peligrosa y que iba acabar mal. Esto el fiscal lo describió como un “generoso interés de la policía en el bienestar de su hijo que ella intenta convertir en agobio porque los policías se preocupan por su hijo”. Entramos entonces en la sección desfile de policías. En todos los formatos: ante nosotros, ocultos con un aparatoso sistema de biombos e, incluso, por videoconferencia desde la policía científica.

Destacaría que uno de los agentes acusadores (todos aseguran haber visto a Alfon llevando la bolsa con los explosivos, aunque no hay huellas digitales del joven en la bolsa… ¿telequinesia?) portaba una llamativa camiseta de un equipo de rugby de Sudáfrica con el lema “Johannesburgo DP HK” y el dorsal “22”. No creo que fuese seguidor del equipo ni jugador en el mismo. Todos nos hablan de los grupos de ideología radical que son los antifascistas (curioso que ahora sean los que combaten a los fascistas y neonazis los peligrosos). Las preguntas del fiscal se centran entonces en demostrar el seguimiento de estos grupos de Alfon en sus desplazamientos con los Bukaneros y en definir "la peligrosidad de los BAF y otros grupos de fútbol o antifascistas".

Las preguntas de Erlantz se centran en denunciar, escandalizado, el seguimiento (persecución sería el término adecuado) personalizado que se hace de Alfon entre 2009 y 2011. En un informe de 30 páginas se detalla cada viaje que hace. “Leo que hace un viaje a Zaragoza en compañía de 100 personas. Como este registro hay cientos más. ¿Se registran cuando hay incidencias?”, pregunta Erlantz indignado. “Sí”, responde un agente tras otro (ocultos tras el biombo). “¿Y si en este viaje y otros no hubo incidencia alguna por qué se ha guardado registro? El único nexo es que está Alfonso”, añade Erlantz educadamente. A continuación plantea la cuestión central: “¿Qué habilitación legal le permite seguir a un ciudadano durante dos años si no ha participado en ningún incidente?”.

Los agentes no han sabido explicar el procedimiento alegal que han seguido con Alfon

Uno tras otro, los agentes responden que no saben, que eso se lo debería preguntar al Secretario del Estado, que él sabrá por qué pueden recoger esa información sobre un particular sin incidentes. Ante la insistencia de Erlantz de que es un seguimiento muy exhaustivo y que de dónde ha salido esta información, la última agente, mujer, con un tono desafiante contesta que no lo sabe pero que se podrá hacer si se hace. “¿A pesar de que es usted quien ha validado estos informes?”, le aclara Erlantz. Ella no puede explicar el procedimiento alegal que han seguido.

Conclusión: la Policía no tiene control legal de los seguimientos/acosos que hace de ciudadanos. También destaca Erlantz la falsedad de la afirmación de Policía y fiscal de que en un día tan significativo como la huelga general no se hizo un seguimiento especial ni dispositivo para vigilar a Alfon y otros activistas. “Todo fue casual”, afirman fiscal y agentes una y otra vez a pesar de contarnos el impresionante seguimiento de 2009 a 2011 que registran de Alfon. Pero la actuación más desmedida del fiscal llegará con el interrogatorio a Daira, exnovia de Alfon detenida ese día.

El tono agresivo e impertinente del fiscal llega a tales extremos que la jueza tiene que llamarle la atención en dos ocasiones. En una ocasión, tras interrumpirla repetidamente, acaba por espetarle con extremo cinismo “A ver si esta vez me quiere contestar a la pregunta”, ante lo cual la jueza se ve obligada a recordarle: “Por imperativo legal tiene que contestar, así que no es necesario que utilice ese tono; y en cualquier caso ya le ha contestado”. Era el intento del fiscal de que Daria dijese lo contrario de lo que quería decir: que no sabía qué había en la bolsa, que no lo vio ni se lo mostraron los agentes. Al volver por décima vez a preguntar si no vio la bolsa se desata una hilaridad contenida en la sala que obliga a la jueza a declarar que “no voy a permitir burlas y mucho menos risitas”.

La segunda llamada de atención al fiscal llegó cuando este interrumpía sin cesar a Daria espetándole que no estaba contestando. “No me parece oportuno ese tono”, le recriminó la jueza. “Y si no contesta es porque no le deja”, añadió impaciente.

Y por fin llegan los alegatos finales. El del fiscal es un ejercicio de encaje que intenta tejer conjeturas y suposiciones a descalificaciones ideológicas que pintan a los antifascistas como peligrosos criminales que nada tienen que ver con la ofensiva fascista y neonazi (en muchos casos miembros de la policía) que machaca el cinturón rojo de Madrid desde hace años. El ejercicio máximo de cinismo llega cuando el fiscal se lanza a apropiarse de la huelga general que él y sus agentes han estado criminalizando durante todo el juicio como “la fiesta de la democracia”. “A diferencia de usted que cree que hay que saltarse la ley y acudir a la violencia”, le espeta a Alfon (del que debo decir que a pesar de estar aparentemente muy tranquilo durante todo el juicio me estranguló el corazón al ver en varios momentos cómo le temblaban las manos).

Pero el prodigio aún estaba por llegar. El alegato de Erlantz Ibarrondo se convirtió en una demoledora datación de las mil incoherencias e irregularidades que han plagado este proceso. Empezando con un recuerdo a la fórmula que debe presidir todo proceso legal: in dubio pro reo, el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado (reo). Es uno de los pilares del Derecho penal moderno donde el fiscal o agente estatal equivalente debe probar la culpa del acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como "ante la duda, a favor del reo".

A continuación pasó a detallar la más flagrante vulneración en este proceso: la cadena de custodia. Uno tras otro, documenta escandalosos casos en los que las pruebas desaparecen o reaparecen años más tarde sin explicar dónde han estado todo ese tiempo y quién las ha custodiado. O cómo se dice en un informe que están en una comisaría y en otro dos años más tarde aparecen en la Unidad Central de Explosivos sin figurar quién, cómo ni cuándo las ha trasladado. O cómo el contenido de esas botellas aparece de repente en unos viales sin documento que acredite quién las ha volcado en los viales y cómo. Cero cadena de custodia. Cualquiera puede haber intervenido o cambiado las pruebas. Contradicción tras contradicción, el alegato de Erlantz es demoledor.

Acabando con una denuncia necesaria: “Algo tiene que haber fallado en esta ‘fiesta de la democracia’ para que un joven haya estado 3 meses en prisión sin haberse probado que lo que contenían las botellas era gasolina, esa prueba llegó hace un mes, y sin huellas digitales. No tan fiesta de la democracia”. Brillante, emocionante y rigurosísimo. Gracias Erlantz por hacernos sentir orgullo y devolvernos la fe en la legalidad. Ahora sólo falta que la señora jueza reconozca lo incontestable de los datos objetivos, no las especulaciones.