El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha admitido hoy que firmó convenios urbanísticos "hasta en el capó de los coches", durante un nuevo juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Málaga en el que el fiscal le pide veinte meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.

Muñoz, que ha comparecido hoy ante el juez junto a otros seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) por conceder en 1998 una licencia de obra para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable, ha reconocido que firmó convenios urbanísticos "hasta en el capó de los coches", pero siempre después de haberse asegurado de que eran "correctos".

Durante la primera sesión del juicio, el que fuera alcalde de la localidad malagueña afirmó desconocer la existencia de dicha parcela y de la sociedad Artola Inversiones e insistió en que, si en la comisiones de Gobierno se concedían las licencias de obras, era porque había unos informes favorables que las avalaban.

Según Muñoz, en aquellas comisiones, celebradas en febrero y julio de 1998, "no se votaba" sino que los ediles se limitaban a aprobar las licencias en base a unos informes técnicos.

Además, ha negado que recibiera indicación alguna para que no mostrara su oposición a la concesión de dichos permisos, así como que hubiera participado en las negociaciones de los distintos convenios urbanísticos firmados durante aquella época.

"Por muchas instrucciones que me diera el señor alcalde -Jesús Gil- yo no iba a votar favorable si el informe técnico era negativo", ha recalcado.

Por su parte, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, en su declaración ante la juez, ha afirmado no poder asegurar "con toda certeza" que estuviera presente durante aquellas dos comisiones, aunque si su firma está plasmada "lo asumirá por completo".

El resto de concejales procesados han asegurado no recordar tampoco tales reuniones e incluso han puesto en duda su presencia en las mismas.

Han insistido en que en las Comisiones de Gobierno celebradas en el consistorio marbellí "no se votaba" y en que las licencias urbanísticas "se llevaban ya aprobadas".

Este juicio, que estaba previsto para el pasado abril y que fue aplazado debido a los recursos planteados por las defensas de varios acusados, continuará hasta el miércoles en la Audiencia Provincial de Málaga.

En el juicio, la Fiscalía solicitará para Muñoz y cinco de los acusados la pena de veinte meses de prisión, mientras que para el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y otro ex concejal pedirá dieciocho meses de cárcel.

Los hechos se remontan a febrero de 1998, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento concedió una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable, cuyo proyecto básico tenía una presupuesto de 105.799 euros.

El Ayuntamiento autorizó posteriormente el proyecto de ejecución de la obra, pese a que el suelo estaba clasificado como rústico de control urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968 y en el plan parcial de 1984 quedó configurado como zona educativa y docente de uso público.