La Junta acusa a la jueza Alaya de un "error de bulto" con Griñán

El Gobierno que preside José Antonio Griñán acusó ayer a la jueza Mercedes Alaya, lisa y llanamente, de hacer mal su trabajo. La acusó de falta de diligencia, de no hacer las debidas comprobaciones, de no saberse la normativa. Y de haber provocado, con todo ello, un daño a la imagen del presidente andaluz, al que la jueza que investiga el caso ERE pone bajo sospecha en su último auto, conocido en plena recta final de la campaña para las generales. "No hacemos juicios de valor, hacemos juicios jurídicos. El Juzgado [de Instrucción 6 de Sevilla] ha cometido un error de bulto. Con voluntad o sin voluntad, errores de este tipo hacen que el PP consiga sus objetivos políticos", señaló ayer Mar Moreno, portavoz del Gobierno andaluz, quien agregó que la Junta va a presentar un recurso de reforma contra el auto en el juzgado de Alaya.

¿Cuál es ese supuesto "error de bulto"? Alaya, en el auto de 10 de noviembre con el que ha sacudido de arriba abajo la campaña electoral en Andalucía, solicita a la Junta que le remita "copia compulsada de las autorizaciones que consten del titular de la Consejería de Hacienda [ocupada por Griñán de 2004 a 2009] relativas a las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones de euros". A continuación, Alaya enumera 21 ayudas a otras tantas empresas que superan cada una de ellas los 1,2 millones de euros. Es decir, la jueza parece querer saber si la Junta pidió un crédito para conceder esas subvenciones. Y aquí es donde la Junta aprecia ese "error".

El presidente "ni autorizó ayudas ni tenía que hacerlo", dice su número dos

Según la versión que expuso ayer Moreno, estas ayudas a empresas no necesitan en ningún caso de la autorización del consejero de Hacienda. Para ello invoca el punto h del artículo 10 de los estatutos de la Agencia IDEA, pagadora de las ayudas bajo sospecha. Este punto al que ayer dio lectura en una rueda de prensa Mar Moreno señala que "la autorización del titular o la titular de la Consejería de Economía y Hacienda" será necesaria" sólo "en los supuestos de operaciones de endeudamiento" de IDEA. Y nunca, subrayó ayer Mar Moreno, en las concesiones de ayudas a empresas superiores a 1,2 millones, que deben ser ratificadas por el Consejo de Gobierno, pero sin participación del consejero de Hacienda. No es lógico, dijeron expertos consultados por Público, que un Gobierno se endeude para otorgar ayudas a fondo perdido, porque debe pagar intereses. "El presidente jamás autorizó ni tuvo que autorizar ninguna de las subvenciones", remachó Moreno.

El auto supone la constatación de que Griñán está bajo investigación de la jueza, que cree que pudo autorizar, siendo consejero de Manuel Chaves, ayudas fraudulentas a empresas con cargo al conocido como fondo de reptiles, una partida de 647 millones repartida sin publicidad y que ha servido, entre otras cosas, para colocar falsos prejubilados en ERE financiados con dinero público, dar dinero sin papeleo a empresas amigas y hacer pagos a ayuntamientos socialistas.

El Ejecutivo invoca los estatutos de una agencia pública para defender a Griñán

La implicación en el caso de Griñán que hace la jueza responde a una solicitud presentada el 21 de junio por el PP, que es parte en el proceso y que en la petición al juzgado que dio lugar al auto de Alaya daba por sentado que la Consejería de Hacienda autorizaba las ayudas superiores a 1,2 millones. Ayer la Junta se cuidó mucho de atribuir a Alaya intenciones políticas, o de valorar la fecha del auto, pero sí subrayó su "total disconformidad". "El juzgado da por bueno sin fundamento que la consejería tenía que autorizar las ayudas, cosa falsa. Ante los fundamentos engañosos del PP, un juzgado debe hacer comprobaciones y conocer la normativa", señaló Moreno, que varias veces reclamó a Alaya "mesura" y "cautela" en sus autos judiciales.

Moreno agregó que el auto genera una "falsa apariencia de seguidismo" de la jueza respecto al partido que lidera Javier Arenas.

La consejera añadió: "No es la primera vez que el PP realiza estas tergiversarciones. Es necesaria una mayor cautela [por parte de la jueza]. Tiene que ser más cuidadosa y actuar con más mesura en casos en que es evidente la repercusión pública [...]. No puede ser que el PP señale al presidente por la cara y se dé curso a su petición". La Junta plasmará su rechazo a la resolución judicial esta misma semana con la presentación de un recurso de reforma contra la parte del auto que implica a Griñán. Ello provocará un nuevo choque entre el Gobierno andaluz y la jueza después del que tuvo como objeto de litigio las actas de la Junta, que el equipo de Griñán no quería entregar y que finalmente, por decisión del Supremo, están en manos de la magistrada. Alaya quiere comprobar con ellas si el Gobierno conocía el reparto irregular de los fondos.

Mar Moreno: "Hay una falsa apariencia de seguidismo" de la jueza al PP

El auto de Alaya motivó que ayer todo el protagonismo de la campaña en Andalucía fuera para el caso ERE. Javier Arenas, líder del PP andaluz, etiquetó a Griñán como "el presidente de los ERE", que antes fue el "consejero de lo ERE", y aludió a su "implicación directísima". En el PSOE, donde existe un cada vez menos disimulado malestar con Alaya, sobresalió la valoración de Alfonso Guerra, que llamó la atención sobre la "cronología coincidente con las elecciones" del polémico auto.