La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía desvió a lo largo de los últimos 10 años 9 millones de euros a las cuentas de 72 personas ajenas a las empresas acogidas a expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la administración. Son datos que ha aportado esta mañana el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, a través de su Facebook y, luego, en un encuentro con periodistas. Otras 111 personas no son intrusos en sentido estricto, sino que presentan 'discordancias administrativas', que, según fuentes de la Junta, son o bien personas que trabajaban en la industria auxiliar de las empresas acogidas al ERE o trabajaban en compañía del mismo grupo que la beneficiada por el ERE o bien son trabajadores contratados días antes de que se formalizara el ERE.

Estos son los datos definitivos de la investigación que abrió la Junta en noviembre pasado tras detectarse el fraude en los expedientes. El caso está siendo investigado por la jueza de instrucción Mercedes Alaya, lo que podría elevar la cifra del fraude de los nueve millones que admite la Junta hasta cantidades más altas. Recio agregó que la investigación ha afectado a 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía, de los que 5.799 'no presentan ninguna irregularidad', y a 68 empresas. En 24 de ellas, se han localizado intrusos y en 18 las llamadas 18 discordancias administrativas.

Hasta el momento en el caso están implicados presuntamente 13 socialistas, de los que 11 ya no tienen militancia. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010), imputado por la jueza Mercedes Alaya, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez (2008-2010) aún conservan el carné.

Los falsos prejubilados fueron supuestamente colocados en ERE entre 2001 y 2010. Este periodo abarca la gestión de dos consejeros, José Antonio Viera (2000-2004), hoy secretario general del PSOE de Sevilla, y Fernández, ahora presidente del consejo regulador de los vinos de Jerez, y otros dos directores generales, Javier Guerrero (1999-2008) y Márquez. Estos dispusieron en esa etapa de 700 millones presupuestados para resolver crisis empresariales, un fondo cuyo sistema de reparto cuestionan la Policía y el juzgado y sobre el que el Defensor del Pueblo ha abierto también una investigación. Entre los intrusos descubiertos hasta ahora están la suegra de Guerrero y dos cuñados del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.